El Gobierno peruano anunció la suspensión de todas las actividades mineras en el distrito de Pataz, en la región La Libertad, por un plazo inicial de 30 días, con posibilidad de prórroga. La medida busca facilitar la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) para restablecer el orden y frenar la minería ilegal en esta zona crítica.
Puedes leer ►Decomisan cuenta bancaria y cheque de más de un millón de soles a Vladimir Cerrón
Durante este periodo de suspensión minera, el Ejecutivo procederá con la exclusión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) de aquellos mineros inscritos que se encuentren en condición de suspendidos. Este registro, creado en 2016, exime temporalmente de responsabilidad penal por minería ilegal a quienes se acogen a un proceso de formalización.
La medida forma parte de una estrategia más amplia para controlar la minería informal, que ha escalado en violencia e ilegalidad en regiones como Pataz.
SNMPE respalda intervención, pero pide no afectar a mineros formales
Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), respaldó la decisión del Gobierno, pero advirtió sobre el riesgo de que la suspensión perjudique a empresas mineras formales.
«Entendemos que la suspensión debe aplicarse a actividades ilegales. No puede penalizarse a la pequeña, mediana o gran minería formal que cumple con la normativa vigente», declaró Torreblanca.
Además, reiteró el llamado a que no se extienda indefinidamente el REINFO, e instó a que se implemente la Ley MAPE como marco legal claro para que los pequeños y medianos mineros puedan cumplir con sus obligaciones de forma transparente y sostenible.
Impacto económico de la minería ilegal en Perú
La minería ilegal en Perú representa un enorme perjuicio económico y ambiental. Según cifras oficiales, este delito genera pérdidas superiores a S/ 22,700 millones anuales, equivalentes al 2.5% del PBI nacional.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), en la provincia de Pataz se extraen y transportan cerca de 600 toneladas diarias de oro ilegal, convirtiéndose en uno de los epicentros más críticos del país.
Suscríbete a nuestro RSS