El Gobierno aprobó una serie de modificaciones al Decreto Supremo que establece el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao, incorporando además nuevas medidas complementarias para reforzar la seguridad ciudadana.
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Entre los principales cambios, se dispone que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Lima Metropolitana y el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) del Callao, así como el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC) y el Comando y Comités creados mediante este decreto, permanezcan en Sesión Permanente durante todo el periodo que dure la emergencia.
El CONASEC, bajo la presidencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), podrá gestionar cooperación técnica internacional conforme a la legislación vigente, con el fin de evaluar estrategias y fortalecer capacidades en materia de investigación e inteligencia.
Asimismo, el decreto dispone la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada, encabezado por el Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP). Este comando estará conformado por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Secretario Técnico del CONASEC, el Director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio Público, del Poder Judicial, y los alcaldes de Lima Metropolitana y del Callao.
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El objetivo de este grupo es dirigir acciones conjuntas entre las distintas instituciones para mantener y restablecer el orden interno, reducir los niveles de criminalidad y asegurar el respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía en ambas jurisdicciones.
De igual modo, se establece la conformación de un Comité de Inteligencia, liderado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), e integrado por la División de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, la Dirección de Inteligencia de la PNP, la Subdirección de Inteligencia del INPE, las Direcciones de Inteligencia de las Instituciones Armadas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y un especialista en análisis prospectivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
En las disposiciones complementarias finales, se precisa que las medidas vinculadas al régimen penitenciario contempladas en el anterior Decreto Supremo N.° 124-2025 continuarán aplicándose a nivel nacional, bajo la responsabilidad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con el apoyo de la Policía Nacional del Perú.
Durante la vigencia del estado de emergencia, el INPE, junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, deberán reforzar las inspecciones y pruebas para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos bloqueadores o inhibidores de señales de telecomunicaciones en los establecimientos penitenciarios.
Finalmente, se dispone que los cadetes del último año de las escuelas de oficiales y los alumnos de último año de las escuelas de suboficiales de la Policía Nacional del Perú participen en labores administrativas y operativas en las comisarías, siempre bajo la supervisión directa de sus instructores y mandos superiores.
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