Gobierno amplía estado de emergencia en Pataz por 60 días para enfrentar minería ilegal

El Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en diversas zonas del país, como parte de las acciones para combatir el avance de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, el narcotráfico y otras amenazas. La medida fue oficializada a través de tres decretos supremos publicados en el diario El Peruano.

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Mediante el Decreto Supremo N.º 101-2025-PCM, se amplía el estado de emergencia en la provincia de Pataz (La Libertad) a partir del 7 de agosto de 2025, con presencia activa de las Fuerzas Armadas en el control del orden interno, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Se establece además una inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz desde las 22:00 hasta las 05:00 horas. La medida exceptúa a personal de servicios esenciales como salud, energía, telecomunicaciones, limpieza, y seguridad, así como a personas que requieran atención médica de urgencia o adquieran medicamentos en farmacias y boticas.

Continúan restricciones en Loreto

A través del Decreto Supremo N.º 100-2025-PCM, también se extiende por 60 días el estado de emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en el departamento de Loreto, a partir del 6 de agosto de 2025.

Durante este período, se mantendrán restringidos derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y seguridad personal. Las Fuerzas Armadas seguirán liderando las operaciones de control con apoyo de la Policía Nacional, para enfrentar amenazas de grupos hostiles y actividades ilícitas en la zona.

Ayacucho: se prorroga medida en cuatro distritos

Mediante el Decreto Supremo N.º 099-2025-PCM, se prorrogó el estado de emergencia en los distritos de Ayna, Santa Rosa, Anchihuay y Río Magdalena, ubicados en la provincia de La Mar (Ayacucho), desde el 3 de agosto de 2025.

En esta zona, el control del orden interno estará a cargo de la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. También se aplicarán restricciones a derechos fundamentales, en concordancia con lo establecido en la Constitución Política del Perú.