El Gobierno peruano llevó a cabo una intervención de gran envergadura en el penal Sarita Colonia, en el Callao, tras el asesinato del conductor de transporte público José Esqueche. La operación, liderada por el presidente de la República, José Jerí Oré, se enmarca dentro de las acciones del Ejecutivo para combatir el crimen organizado y las redes de extorsión que operan desde los centros penitenciarios del país.
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Operativo en el penal Sarita Colonia: acción conjunta del Estado
El jefe de Estado encabezó la noche del lunes una intervención en el penal Sarita Colonia del Callao, acompañado por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Esta acción forma parte de una estrategia nacional destinada a desarticular las bandas criminales que continúan delinquiendo desde el interior de los penales.
“La requisa avanza a estas horas, sin pausa ni tregua”, señaló el presidente José Jerí Oré a través de sus redes sociales, en un mensaje en el que reafirmó el compromiso de su gobierno con la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado.
El asesinato que desencadenó la intervención
El detonante de esta intervención fue el asesinato del chofer José Esqueche, ocurrido en la avenida Gambetta, en el Callao. Según las primeras investigaciones policiales, el crimen estaría vinculado a redes de extorsión que operan desde los centros penitenciarios, en especial desde el penal Sarita Colonia. El conductor habría sido atacado por negarse a pagar cupos extorsivos exigidos por presuntas mafias del transporte informal.
El caso generó gran conmoción pública y llevó al Ejecutivo a tomar medidas inmediatas para restablecer el control dentro de las cárceles del país. Las autoridades sostienen que el penal Sarita Colonia es uno de los puntos donde las redes delictivas coordinan extorsiones, secuestros y robos agravados.
Requisa en los pabellones de máxima seguridad
De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la requisa se concentró en el pabellón de máxima seguridad del penal Sarita Colonia, donde se encuentran más de 300 internos procesados y sentenciados por delitos graves como extorsión, secuestro y robo agravado. Durante la operación se desactivó el fluido eléctrico para impedir el uso de dispositivos electrónicos y se decomisaron equipos móviles, cargadores y objetos prohibidos.
El objetivo principal de la medida fue interrumpir los canales de comunicación que permiten a los internos seguir dirigiendo actividades ilícitas desde prisión. Además, se reforzó la seguridad en las áreas de control y vigilancia para prevenir nuevos incidentes.
Presencia de las principales autoridades
El presidente José Jerí Oré fue acompañado por el ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, quien destacó la importancia de mantener este tipo de operativos sorpresivos. “Estamos enfrentando a un enemigo que se ha infiltrado en distintos espacios del Estado y no vamos a permitir que desde las cárceles se siga ordenando el terror en las calles”, declaró el titular del MINJUSDH.
La intervención también contó con el apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional y del Ejército Peruano, que participaron en la revisión de celdas, pabellones y zonas de riesgo dentro del establecimiento penitenciario.
Objetivo: frenar las redes delictivas desde los penales
Según información del Ejecutivo, esta intervención en el penal Sarita Colonia marca el inicio de una serie de operativos simultáneos que se ejecutarán en otras cárceles del país. El Gobierno busca frenar las redes criminales que continúan operando pese al encarcelamiento de sus líderes.
Las investigaciones policiales apuntan a que las extorsiones a empresarios, transportistas y comerciantes son coordinadas por reclusos con acceso a celulares y redes de apoyo externas. En muchos casos, los pagos ilegales se exigen bajo amenazas de muerte o ataques armados.
Operativos continuarán en todo el sistema penitenciario
El ministro Martínez adelantó que los operativos serán inopinados y contarán con la participación de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). La meta es recuperar el control total de los penales y cortar la comunicación entre los internos y las organizaciones criminales externas.
Asimismo, se anunció una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad y la implementación de tecnología de bloqueo de señales para evitar el uso de teléfonos celulares dentro de los recintos penitenciarios.
El penal Sarita Colonia, uno de los más antiguos del país, alberga actualmente a miles de internos en condiciones de hacinamiento. Expertos en seguridad han advertido que esta situación facilita la organización delictiva al interior de los establecimientos, al tiempo que complica las labores de control del INPE.
Según cifras oficiales, más del 60% de los delitos de extorsión reportados en Lima y Callao tienen algún tipo de conexión con comunicaciones originadas desde las cárceles. En este contexto, la intervención del Gobierno busca enviar un mensaje de autoridad y recuperación del orden en el sistema penitenciario.
Reacciones ciudadanas y medidas complementarias
La población del Callao ha expresado su respaldo a las acciones del Gobierno. Vecinos de la zona donde ocurrió el asesinato del chofer José Esqueche manifestaron que esperan resultados concretos y un control más firme en los penales del país. Por su parte, el Ejecutivo anunció la creación de una mesa multisectorial para coordinar estrategias de inteligencia entre el Ministerio del Interior, Justicia y Defensa.
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