El Gobierno de Perú, a través del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció que hoy será enviado al Congreso de la República un proyecto de ley que tipifica el delito de terrorismo urbano. Este delito, vinculado a actos de sicariato y extorsión, será sancionado con penas que incluyen hasta cadena perpetua.
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¿Qué es el terrorismo urbano y por qué se sanciona con cadena perpetua?
El nuevo proyecto de ley define terrorismo urbano como la realización de actos que generen terror o zozobra en la población o en un sector de ella, mediante delitos de sicariato, conspiración para el sicariato y extorsión. Según el primer ministro Adrianzén, esta medida busca endurecer las penas de estos delitos, ya tipificados en el Código Penal, para combatir la creciente violencia en las ciudades.
El terrorismo urbano será castigado con penas mínimas de 30 años de prisión, pero si el delincuente pertenece a las Fuerzas Armadas o emplea a menores de edad, la sanción será cadena perpetua.
¿Qué busca el Gobierno con esta medida?
El envío del proyecto de ley es parte del compromiso del Gobierno para frenar los actos de violencia organizada en las ciudades, que han generado alarma entre la población. Al clasificar estos actos como terrorismo urbano, las autoridades buscan que quienes cometan estos delitos sean considerados terroristas, con penas más severas que las actualmente contempladas para el sicariato y la extorsión.
El primer ministro aseguró que, de aprobarse este proyecto, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tendrán un marco legal más claro para actuar de manera contundente contra estas organizaciones criminales. Además, subrayó que aquellos que cometan estos delitos serán perseguidos y encarcelados bajo esta nueva tipificación.
¿Cómo afecta esta ley a las Fuerzas Armadas y la Policía?
En situaciones de estado de emergencia, los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que actúen en cumplimiento de sus funciones y sean denunciados, serán juzgados por el Fuero Militar Policial y el Código de Justicia Militar. Esto implica que no serán procesados en el fuero civil, sino bajo una jurisdicción especializada que les garantiza protección legal adecuada en contextos de excepción.
Este marco legal busca brindar mayor seguridad jurídica a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, permitiéndoles actuar con firmeza durante los estados de emergencia, donde su participación es crucial para restaurar el orden público.
¿Qué sigue para este proyecto de ley?
El proyecto de ley del Ejecutivo sobre terrorismo urbano se unirá a otras iniciativas legislativas que serán debatidas próximamente en el Congreso de la República. Adrianzén espera que esta medida sea aprobada rápidamente para combatir de manera más efectiva los delitos que atentan contra la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos en las zonas urbanas.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca reforzar la lucha contra el terrorismo urbano y garantizar que los autores de actos violentos enfrentan penas más severas, protegiendo así a la población de futuras amenazas.
