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Gobierno del Perú aprueba extradición de Jossimar Cabrera Cornejo a Estados Unidos por asesinato de Sheylla Gutiérrez

octubre 30, 2025
Autor: Área Digital El Tiempo

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El Gobierno del Perú autorizó la extradición del ciudadano peruano Jossimar Cabrera Cornejo hacia los Estados Unidos, donde será procesado por el presunto delito de asesinato de la también peruana Sheylla Lisbet Gutiérrez Rosillo, ocurrido el 10 de agosto de 2025 en el estado de California.

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La decisión fue oficializada este jueves mediante la Resolución Suprema N° 236-2025-JUS, publicada en el diario oficial El Peruano, con la firma del presidente José Enrique Jerí Oré, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, y el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela Martínez.

Extradición aprobada con procedimiento simplificado

El documento precisa que el Ejecutivo accedió a la solicitud de extradición pasiva con procedimiento simplificado de entrega, presentada por las autoridades estadounidenses. Esta decisión se adoptó luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia emitiera un dictamen favorable el 6 de octubre de este año.

Asimismo, la resolución dispone que antes de concretar la entrega, la autoridad central peruana deberá verificar que Cabrera Cornejo no tenga procesos penales pendientes ni sentencias condenatorias en el país.

De igual forma, el Estado requirente deberá garantizar que se compute el tiempo de detención que el acusado ha cumplido en el Perú durante el trámite de extradición.

Cabrera se entregó voluntariamente a la Interpol

El principal sospechoso del crimen, Jossimar Cabrera Cornejo, se entregó voluntariamente a la Interpol Lima el 27 de agosto, acompañado de su abogado. Su detención se realizó en cumplimiento de una orden internacional emitida por las autoridades judiciales de California.

Posteriormente, el 31° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Lima dictó nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición, medida que fue ratificada tras la aceptación del acusado de ser extraditado bajo el procedimiento simplificado, una figura que acelera la entrega del procesado al país requirente cuando este consiente el pedido.

Un crimen que conmocionó a la comunidad peruana en Estados Unidos

El caso de Sheylla Gutiérrez Rosillo, de 32 años, conmocionó a la comunidad peruana residente en Estados Unidos. La joven fue reportada como desaparecida el 9 de agosto en California. Según declaraciones de su madre, Sheylla habría sido víctima de violencia doméstica y tenía la intención de denunciar a su pareja, Jossimar Cabrera, ante las autoridades locales.

Días después, cámaras de seguridad registraron al acusado cargando un bulto en su vehículo, el cual coincidía con las características del cuerpo hallado el 16 de agosto en el Bosque Nacional de Los Ángeles. Las pruebas recogidas por la policía estadounidense permitieron vincular directamente a Cabrera con el crimen.

Cooperación judicial entre Perú y Estados Unidos

Con esta medida, el Perú ratifica su compromiso con la cooperación judicial internacional, particularmente en casos relacionados con delitos graves como el feminicidio y el homicidio.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destacó que la extradición se enmarca dentro de los tratados bilaterales suscritos entre Perú y Estados Unidos, y reafirmó que el Gobierno peruano no brindará refugio ni impunidad a personas requeridas por la justicia extranjera.

Fuentes del sector señalaron que, una vez cumplidos los requisitos legales internos, la entrega del acusado se realizará bajo custodia policial y con acompañamiento de Interpol, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para estos casos.

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Contexto legal

El procedimiento simplificado de extradición, aplicado en este caso, se utiliza cuando el imputado acepta voluntariamente su entrega al país solicitante. Esto permite acortar los plazos judiciales y agilizar la cooperación entre los Estados involucrados.

En el Perú, el proceso de extradición está regulado por la Ley N° 24710, y requiere la aprobación final del Poder Ejecutivo, previa opinión favorable de la Corte Suprema de Justicia.

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