Cuando se esperaba que el Gobierno del Perú definiera si concedería o no el salvoconducto a la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, un comunicado oficial aclaró que la decisión seguirá en evaluación. Por ahora, la excongresista no podrá viajar a México, país que le concedió asilo diplomático, y deberá continuar en la embajada mexicana en Lima.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que, tras un análisis minucioso de la solicitud, se realizaron consultas internas y se recabó la opinión de juristas especializados en derecho internacional de la región.
Como resultado de ese proceso, el Ejecutivo concluyó que la Convención de Caracas de 1954, adoptada en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha sufrido una distorsión en su aplicación práctica. Según el comunicado, en los últimos años algunos países han empleado indebidamente esta norma, otorgando asilo a personas acusadas de delitos comunes bajo el argumento de una supuesta persecución política.
El documento enfatiza que esta práctica desvirtúa el propósito original de la Convención, la cual fue concebida para proteger a ciudadanos realmente perseguidos por razones políticas, y no para amparar a quienes buscan evadir la justicia nacional. En ese sentido, el Gobierno recalca que el asilo no debe usarse como un mecanismo para eludir las leyes nacionales ni las decisiones judiciales.
Asimismo, la Cancillería expresó su malestar ante lo que considera una manipulación del derecho de asilo, señalando que este se ha otorgado en países democráticos a personas que no son perseguidas políticamente, sino procesadas o sentenciadas por delitos comunes.
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En esa línea, el presidente de la República dispuso que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente ante los países miembros de la OEA una propuesta de reforma de la Convención de Caracas de 1954, con el objetivo de impedir futuros abusos y asegurar que el principio de legalidad prevalezca en todo el continente.
El comunicado añade que las gestiones serán realizadas con carácter urgente y que los resultados se informarán oportunamente. “Una vez culminado este proceso, el Gobierno peruano tomará las decisiones correspondientes”, precisa el documento.
Días antes, durante su participación en el CADE Ejecutivo 2025, el ministro del Interior, José Jerí, declaró a CNN que la posición del Gobierno se definiría basada en informes técnicos y acuerdos internacionales, y que se esperaban las recomendaciones finales de la Cancillería.
Por su parte, el analista internacional Óscar Vidarte advirtió que negar el salvoconducto a Betssy Chávez podría tener efectos negativos en la imagen del Perú ante la comunidad internacional. Explicó que los tratados internacionales firmados por el país obligan al respeto del asilo político y de los procedimientos establecidos, incluso en casos polémicos.
Según Vidarte, una negativa podría generar críticas y cuestionamientos en foros multilaterales, afectando la reputación del Perú como Estado respetuoso del derecho internacional. Subrayó que, aunque haya dudas sobre la naturaleza de los cargos contra Chávez, los tratados vigentes obligan a facilitar el tránsito seguro del asilado cuando otro país le concede protección diplomática.
El experto también advirtió que incumplir esos compromisos podría originar tensiones diplomáticas con México y con otros Estados de la región. Recordó que, en situaciones similares, varios países han optado por mantener la coherencia y la previsibilidad de su política exterior antes que ceder a presiones políticas internas, para preservar su credibilidad internacional.
En contraste, el exministro de Relaciones Exteriores Javier González-Olechea sostuvo que el Perú no debería otorgar el salvoconducto, ya que la situación judicial de la ex premier impide aplicar ese beneficio. Recordó que Betssy Chávez es investigada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, y que los delitos comunes no están cubiertos por la figura del asilo.
El exministro remarcó que el argumento del Gobierno mexicano, que justifica el asilo por supuesta persecución política, no se sostiene, pues las acusaciones contra Chávez responden a un proceso judicial legítimo, no a una persecución ideológica.
Esta postura también fue respaldada por el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, quien afirmó que el Ejecutivo no debe permitir que Chávez abandone el país bajo la protección del asilo. A su juicio, la Convención de Asilo Diplomático establece que esta figura no puede aplicarse a personas procesadas por delitos comunes.
“La señora Betssy Chávez enfrenta cargos por rebelión y conspiración, ambos considerados delitos comunes. En este contexto, el salvoconducto no debería otorgarse”, declaró el parlamentario.
La Convención sobre Asilo Diplomático, en su artículo 3, establece que no se podrá conceder asilo a quienes estén procesados o condenados por delitos comunes ante tribunales competentes, ni a desertores de las fuerzas armadas, salvo que su caso tenga claramente un carácter político.
Sin embargo, también precisa que corresponde al Estado asilante determinar la naturaleza del delito o de la persecución, lo que significa que, aunque el Perú considere que Chávez enfrenta cargos comunes, México tiene la potestad de calificarlos de otra manera.
De esta forma, la controversia entre ambos gobiernos sigue abierta, mientras el Perú mantiene su posición de evaluar cuidadosamente la solicitud antes de tomar una decisión definitiva sobre el salvoconducto de Betssy Chávez.
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