El promedio de homicidios diarios en el Perú ha registrado un incremento durante el gobierno de José Jerí, superando los niveles observados en la administración de la expresidenta Dina Boluarte. Así lo señaló el analista de datos Juan Carbajal, quien aseguró que el año 2025 ya se posiciona como el periodo con mayor número de homicidios en el país, de acuerdo con las cifras oficiales del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).
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¿Qué dicen las cifras oficiales sobre la violencia en 2025?
Según el análisis presentado por Carbajal, el promedio diario de homicidios en 2025 supera los seis casos por día, mientras que durante el periodo anterior la media fue de 5,25 muertes diarias. Este aumento coloca al actual gobierno de José Jerí en un escenario más crítico en términos de seguridad ciudadana, con cifras que reflejan un deterioro sostenido de la situación.
A este incremento se suma un dato que ha encendido las alertas entre especialistas: más del 75% de las muertes violentas registradas este año se produjeron por impacto de proyectil de arma de fuego. En años anteriores, este porcentaje oscilaba entre el 30% y el 40%. Para Carbajal, la tendencia es clara. “¿Ha disminuido? No. ¿Está igual? Está peor”, afirmó en declaraciones recogidas por el programa Punto Final.
José Jerí y el contexto de inseguridad ciudadana
El aumento de homicidios durante la gestión de José Jerí se produce en un contexto marcado por la expansión del crimen organizado, el sicariato y las extorsiones, especialmente en zonas urbanas de Lima Metropolitana. Distritos como San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Mi Perú se han convertido en escenarios recurrentes de hechos violentos que impactan directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Las cifras del Sinadef no solo evidencian un mayor número de víctimas, sino también un cambio en la modalidad de los crímenes, con un uso cada vez más frecuente de armas de fuego. Para los analistas, este patrón revela una mayor presencia de estructuras criminales y una menor capacidad de disuasión del Estado frente a estos delitos.
Casos emblemáticos que reflejan la escalada de violencia
El agravamiento de la inseguridad se manifiesta en historias concretas, como el asesinato de César Monago, ocurrido durante un asalto en el distrito de San Martín de Porres. El ataque tuvo lugar en la lavandería que la víctima administraba junto a su familia.
Maricruz, esposa de Monago, relató que los delincuentes irrumpieron violentamente en el local, amenazaron a su familia y exigieron una transferencia bancaria. “Le apuntó a mi hijito, que tiene cuatro años, con la pistola. Le dijo que si yo no hacía la transferencia, lo iba a disparar a mi hijo”, contó al medio periodístico. Tras consumar el robo, los asaltantes asesinaron a Monago. La familia aseguró que nunca había recibido amenazas ni extorsiones previas.
Sicariato y ataques armados en zonas urbanas
Otros casos recientes incluyen ataques de sicarios que disparan hasta cinco veces contra jóvenes trabajadores en distritos como Mi Perú. Estos hechos, difundidos por diversos medios nacionales, refuerzan la percepción de que la violencia armada se ha vuelto más frecuente y letal durante el actual periodo gubernamental.
Blindaje de buses como respuesta a la inseguridad
Ante el incremento de asaltos y extorsiones, el sector transporte ha comenzado a adoptar medidas de protección por cuenta propia. Empresas como Vipusa, que opera en Lima Norte, decidieron blindar sus buses y dotar de chalecos antibalas a sus conductores para reducir el riesgo de ataques armados.
De acuerdo con un informe de Latina Noticias, la empresa invirtió entre S/ 2.000 y S/ 3.000 por unidad en la instalación de placas metálicas, el refuerzo de cabinas y la protección de zonas vulnerables. Actualmente, cerca del 70% de su flota ya cuenta con estas medidas de seguridad.
Impacto del blindaje en trabajadores y pasajeros
La decisión de blindar las unidades responde a la necesidad de proteger la vida de conductores, cobradores y pasajeros. “Nuestra vida depende de un hilo acá en el transporte público”, afirmó un conductor de Vipusa. Las cabinas selladas, las placas de acero y el uso obligatorio de chalecos antibalas han modificado de forma significativa la rutina laboral.
Los pasajeros, por su parte, también enfrentan el riesgo de balas perdidas y asaltos, lo que ha generado una sensación constante de inseguridad entre quienes dependen del transporte público en Lima Norte. En este contexto, la empresa solicitó a las autoridades mayor flexibilidad en normas como la prohibición de lunas polarizadas, argumentando que el objetivo es proteger vidas y no evadir la ley.
Costo del blindaje y efectos en el sector transporte
La inversión en seguridad representa un esfuerzo económico considerable. El blindaje de cada bus, que oscila entre S/ 2.000 y S/ 3.000, incluye placas metálicas, refuerzos estructurales y la compra de chalecos antibalas. Hasta el momento, Vipusa ha asumido estos costos sin trasladarlos al precio del pasaje, aunque no descarta ajustes futuros si la inseguridad persiste.
El uso permanente de chalecos antibalas y cabinas selladas genera incomodidad, especialmente durante el verano, lo que ha obligado a modificar la vestimenta y las rutinas de trabajo. Según Infobae Perú, estas transformaciones exigen mayor concentración y vigilancia constante por parte de los conductores.
ATU y PNP evalúan nuevas medidas de seguridad
Frente a la escalada de violencia registrada durante el gobierno de José Jerí, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la Policía Nacional del Perú evalúan nuevas acciones. David Hernández, presidente de la ATU, señaló que la entidad está dispuesta a aplicar todas las recomendaciones de la PNP para salvaguardar al personal del sector.
“Tomaremos todas las medidas que quienes dominan este tema nos indiquen. Siempre ponemos el hombro”, declaró Hernández, quien no descartó que el uso de chalecos antibalas pueda convertirse en obligatorio. Otras empresas de transporte urbano en Lima Norte analizan replicar las medidas adoptadas por Vipusa, mientras las cifras de homicidios continúan marcando un récord histórico en el país.
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