El gobierno de Pedro Castillo publicó la Resolución Suprema N°317-2022-PCM que resuelve dar por concluida la designación del abogado José Fernández Latorre como director general de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
El despido ocurre días después de que Fernández se entregara a la Fiscalía para cumplir una detención preliminar de 10 días, al ser sindicado de conformar el “brazo operativo y ejecutivo” de la organización criminal que estaría encabezada por el jefe de Estado.
Para José Baella, exdirector de la Dircote, el nombramiento del chotano José Fernández fue “irregular” ya que no cumplía con los requerimientos para el cargo. “Se basan en amiguismos y paisanos, ahí comienza todo lo malo”, indicó a este diario.
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Aseguró que esta institución maneja un “presupuesto muy apetecible” y que es poco fiscalizado. “Este gobierno la estaría utilizando como una caja chica y, al ser de Inteligencia, se mantiene muchas reservas y no quedan huellas de los gastos hechos”, resaltó.
A su turno, José Luis Gil, exdirector de Inteligencia, refirió que las investigaciones fiscales contra la gestión de Castillo ahuyenta a buenos funcionarios. “Ningún experto serio aceptaría el cargo sabiendo que como subdirector está el señor (Gustavo) Bobbio, que es allegado a Antauro Humala”, indicó.
La Fiscalía investiga a Fernández y a los exasesores Henry Shimabukuro y Beder Camacho por presuntamente estar implicados en entregas de dinero a Bruno Pacheco a cambio de su silencio.
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