El Gobierno del Perú expresó su rechazo a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitida el pasado 3 de septiembre de 2025, en la que se ordena supervisar el cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Según el Ejecutivo, la aplicación de la Ley de Amnistía no debe ser cuestionada por instancias internacionales mientras no se agoten los procesos internos.
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En un comunicado oficial, el Gobierno calificó la decisión de la Corte IDH como “inaceptable” y recordó que, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano tiene un carácter subsidiario y complementario, por lo que no debería intervenir de manera directa.
Posible retiro del Sistema Interamericano
El Ejecutivo advirtió que seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y no descartó promover una revisión de las normas que regulan la actuación de sus órganos.
“El Perú es un país soberano y democrático que ha demostrado un compromiso firme con el Sistema Interamericano, pero siempre bajo el respeto a su propia jurisdicción”, señala el pronunciamiento.
Contexto de la violencia terrorista
El comunicado también recordó que los hechos ocurridos en los años ochenta y noventa estuvieron vinculados al periodo de violencia terrorista, donde “los derechos humanos de los peruanos fueron vulnerados por organizaciones subversivas que buscaron destruir la democracia”.
¿Qué resolvió la Corte IDH?
La Corte Interamericana ratificó que el Estado peruano debe suspender la aplicación de la Ley de Amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa involucrados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000).
El organismo advirtió que la norma podría impedir el acceso a la justicia de las víctimas y facilitar la liberación de condenados mayores de 70 años, lo que constituiría una vulneración irreparable de derechos fundamentales.
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