Una investigación periodística reveló serias irregularidades en la adjudicación de una nueva obra pública en la región La Libertad: la construcción de un hospital en Virú, valorizado en más de S/194 millones y promovido por el Gobierno Regional liderado por César Acuña Peralta, líder del partido político Alianza para el Progreso (APP).
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El proyecto, según Cuarto Poder, fue adjudicado el pasado 8 de julio al Consorcio Hospital Virú, integrado por tres empresas, dos de las cuales no tendrían experiencia acreditada en obras hospitalarias ni en proyectos de gran envergadura.
¿Quiénes conforman el Consorcio Hospital Virú?
JM Constructores Peruanos SAC: propiedad del ingeniero Joel Yangari Cartolín, quien figura como inhabilitado en el Colegio de Ingenieros del Perú. Su historial en contrataciones públicas solo incluye trabajos menores, como estudios topográficos y elaboración de planos, por montos inferiores a S/34,000.
- LC&EC Constructora SAC: empresa vinculada a Lucero Coca Condori, joven empresaria de 23 años que, pese a su corta trayectoria, ha ganado contratos por más de S/300 millones en la gestión de Acuña.
- Riva S.A.: firma extranjera con experiencia que participa con solo 1 % del consorcio, aunque fue clave para cumplir los requisitos técnicos de la licitación.
- Yangari y Coca concentran el 99 % de participación en el consorcio, lo que ha despertado suspicacias sobre su verdadero rol en el millonario contrato.
Denuncias de corrupción y uso de testaferros
El consejero regional Robert de la Cruz calificó la adjudicación como un posible caso de corrupción y uso de gerentes testaferros: “Estas obras millonarias adjudicadas a personas sin experiencia responden a corrupción y al uso de prestanombres para apropiarse de los recursos públicos”, declaró.
Por su parte, José Trelles, experto en contrataciones del Estado, advirtió que este tipo de asociaciones —entre firmas sin trayectoria y empresas extranjeras con experiencia— se está repitiendo en otros procesos públicos para sortear los filtros de licitación.
Proceso cuestionado y posible direccionamiento
Aunque 55 postores participaron en la convocatoria, solo dos consorcios llegaron a la etapa final. Uno de ellos, el Consorcio Brontes, fue descalificado por un error en la designación de su representante común, a pesar de que, según Trelles, esa observación era subsanable. En cambio, al Consorcio Hospital Virú sí se le permitieron correcciones hasta en dos ocasiones, generando dudas sobre un posible trato desigual.
Amenazas y señalamientos contra APP
De la Cruz también denunció haber recibido amenazas de muerte por exponer estas presuntas irregularidades: “Las amenazas y agresiones provienen de funcionarios de APP. Hago responsable al partido Alianza para el Progreso de cualquier cosa que me pueda ocurrir”, declaró, señalando además que “APP es el pulpo de la política en La Libertad”.
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