El fiscal supremo provisional, Alcides Chinchay, ha solicitado al Poder Judicial extender por 18 meses la prisión preventiva de la ex primera ministra Betssy Chávez, vinculada al fallido golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo. Este proceso penal aún no cuenta con una fecha programada para el inicio del juicio.
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La medida de prisión preventiva fue dictada el 20 de junio de 2023 por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, tras revocar la comparecencia con restricciones previamente impuesta a Chávez. Dicha medida vencía el jueves 19 de diciembre; sin embargo, el Ministerio Público presentó la solicitud de prórroga el miércoles 18.
El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, ha fijado la audiencia para evaluar esta solicitud el próximo 26 de diciembre a las 12:30 p. m. Por su parte, la defensa de Chávez exige su inmediata libertad, argumentando que su detención prolongada vulnera sus derechos fundamentales.
La Fiscalía ha fundamentado su pedido en dos aspectos principales. Primero, señala que los 18 meses adicionales permitirán completar el juicio oral en primera instancia contra Chávez y sus coacusados Pedro Castillo, Aníbal Torres, Willy Huerta, Roberto Sánchez y tres policías nacionales. Además, considera que este periodo podría incluso abarcar la etapa de apelación, aunque advierte que, debido a la complejidad del caso y el número de procesados, podría limitarse a la primera instancia.
El segundo motivo es el riesgo de fuga u obstrucción por parte de Chávez. La Fiscalía destaca que, tras el intento de golpe de Estado, la excongresista solicitó al chofer de la PCM que la llevara a la Embajada de México, país que había expresado disposición para otorgar asilo político a Castillo y su familia. También se mencionan testimonios que indican que, tras el fracaso del autogolpe, bienes personales y oficiales fueron retirados de la oficina de Chávez.
Según el fiscal Chinchay, es crucial que se apruebe esta solicitud para garantizar la presencia de la acusada durante el juicio y evitar que eluda la justicia. Alega que existen motivos razonables para creer que Chávez podría fugarse o mantenerse oculta, lo que pondría en riesgo las etapas posteriores del proceso.