Este viernes, la Fiscalía de la Nación interpuso una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y 24 legisladores, a quienes se les acusa de haber formado parte de una organización criminal que habría operado dentro del Parlamento. Según la investigación, este grupo presuntamente gestionaba votos a cambio de favores en contrataciones y licitaciones públicas dentro de diversos ministerios y entidades estatales.
La acusación fue canalizada a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, señalando la supuesta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Castillo habría encabezado una red integrada por al menos 15 congresistas de Acción Popular, conocidos como ‘Los Niños’, así como nueve parlamentarios vinculados a Perú Libre y al desaparecido Bloque Magisterial.
PUEDES LEER ► Copa Panamericana 2025: conoce a los rivales confirmados de la Selección Peruana
Exministros también incluidos en la denuncia
La Fiscalía también ha incluido en la denuncia a exministros del gobierno de Castillo, entre ellos, Juan Silva, ex titular de Transportes y Comunicaciones, actualmente prófugo de la justicia; Jorge Luis Prado, exministro de la Producción; y Betssy Chávez, quien lideró el Consejo de Ministros y fue ministra de Trabajo.
A Silva se le responsabiliza por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. En el caso de Prado, los cargos son por organización criminal y negociación incompatible, mientras que Chávez enfrenta la imputación de negociación incompatible.
¿Cómo habría operado esta supuesta red criminal?
Según los fiscales a cargo del caso, la organización dirigida por Castillo habría gestionado el intercambio de votos en el Congreso a cambio de beneficios ilícitos, como el direccionamiento de licitaciones y contrataciones públicas. Estas acciones se habrían ejecutado en sectores clave como Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Producción.
Asimismo, los presuntos actos de corrupción se habrían extendido a organismos autónomos como la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Policía Nacional del Perú y la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU).
Contexto político del caso
Este entramado de presunta corrupción se suma a otras investigaciones abiertas durante la gestión de Castillo, las cuales motivaron la presentación de una tercera moción de vacancia en su contra. El entonces presidente tenía previsto acudir al Congreso el 7 de diciembre de 2022 para ejercer su derecho a la defensa.
Sin embargo, horas antes de dicha sesión, Pedro Castillo decidió disolver de manera inconstitucional el Congreso, en un acto ampliamente considerado como un intento de golpe de Estado. Esta medida desencadenó su destitución inmediata y su reemplazo por la vicepresidenta Dina Boluarte, quien asumió el cargo conforme a la sucesión constitucional.
Procesos judiciales en curso
Actualmente, Pedro Castillo enfrenta un juicio por el presunto delito de rebelión, debido a su intento fallido de cerrar el Parlamento. La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión como pena para el exmandatario. En paralelo, también se ha solicitado una condena de 25 años de cárcel para Betssy Chávez, por su presunta participación en el mismo hecho.
La investigación continúa en curso y se espera que el Congreso evalúe la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público, lo cual podría abrir la puerta a procesos penales formales contra los involucrados, en caso de ser aprobada.
Suscríbete a nuestro RSS