El Ministerio Público presentó este lunes una denuncia constitucional contra el ministro de Educación, Morgan Quero, ante el Congreso de la República, por el presunto delito de incitación a la discriminación agravada.
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La acusación está relacionada con declaraciones realizadas en 2024, cuando el titular del Ministerio de Educación (Minedu) afirmó que los casos de violencia sexual en comunidades indígenas Awajún podrían ser interpretados como “prácticas culturales”. Esta afirmación generó gran polémica y rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad.
En la denuncia también figura la exministra de la Mujer, Ángela Teresa Hernández, quien respaldó públicamente las declaraciones de Quero. “Los hechos se refieren a expresiones brindadas ante medios de comunicación que promueven y legitiman la exclusión y desvalorización de los agraviados”, señala el comunicado oficial del Ministerio Público.
Controversia por declaraciones sobre violencia sexual
El pasado 10 de junio de 2024, Morgan Quero fue duramente criticado tras declarar que las agresiones sexuales reportadas en comunidades Awajún podrían estar relacionadas con costumbres locales de construcción familiar, calificándolas como “una práctica cultural”.
“Lamentablemente, sí es una práctica cultural que ocurre en algunos pueblos amazónicos… vamos a ser prudentes, pero también exigiremos a las comunidades los descargos que correspondan”, declaró el ministro ante la prensa.
Rectificación tras la indignación pública
Frente a la ola de críticas, el ministro Quero emitió días después un mensaje de rectificación a través de las redes sociales del Minedu. En el video, afirmó que sus palabras fueron tergiversadas y expresó su rechazo absoluto hacia cualquier forma de violencia o abuso sexual, especialmente contra menores de edad.
A pesar de sus declaraciones posteriores, la denuncia constitucional sigue su curso, abriendo un nuevo capítulo en el debate sobre el respeto a los derechos humanos en las comunidades indígenas y la responsabilidad del discurso público de los funcionarios del Estado.
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