Zoraida Ávalos, fiscal suprema, solicitó al Poder Judicial revocar la medida de comparecencia con restricciones dictada contra la expremier Betssy Chávez y ordenar su prisión preventiva, luego de que esta obtuviera asilo político en México.
Como se recuerda, desde junio de 2023, Chávez venía cumpliendo prisión preventiva por su presunta participación en el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Sin embargo, en setiembre de este año, el Tribunal Constitucional anuló dicha medida mediante una controvertida sentencia, disponiendo que la ex primera ministra quede bajo comparecencia con restricciones.
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Incumplimiento de reglas de conducta
Desde setiembre, la exjefa del Gabinete debía cumplir reglas como pasar control biométrico cada siete días y asistir a todas las diligencias fiscales o judiciales que se le programen. No obstante, la fiscal Ávalos advirtió que Chávez incumplió reiteradamente estas obligaciones.
Según el requerimiento presentado, la exfuncionaria no asistió a su control biométrico en tres ocasiones (29 de setiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre) y faltó a cuatro sesiones del juicio oral, a pesar de estar debidamente notificada. “Esta situación demuestra irrefutablemente que infringió las reglas de conducta impuestas en su contra”, señala Ávalos en el documento.
La fiscal argumenta que la medida de comparecencia “no cumplió cabalmente su finalidad” y que la prisión preventiva resulta adecuada “para asegurar la realización del proceso penal y evitar la obstaculización de la averiguación de la verdad”.
Audiencia clave este 13 de noviembre
El juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley programó para el jueves 13 de noviembre a las 9:00 a.m. la audiencia en la que se evaluará el pedido de revocatoria de comparecencia. En caso el abogado de Chávez, Raúl Noblecilla, no asista, su defensa será asumida por la Defensoría Pública.
Fiscalía mantiene pedido de 34 años para Pedro Castillo
En paralelo, la Fiscalía de la Nación reafirmó su solicitud de 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El pedido contempla 25 años por rebelión, 3 años por abuso de autoridad y 6 años por grave perturbación de la tranquilidad pública, según explicó el fiscal adjunto supremo Edward Casaverde durante los alegatos finales del juicio oral.
De manera alternativa, si el tribunal recalifica los hechos como conspiración en lugar de rebelión, el Ministerio Público plantea una pena de 19 años y 30 días de prisión para Castillo. Este cálculo incluye 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración, 10 meses y 15 días por abuso de autoridad, y 6 años y 9 meses por grave perturbación del orden público.
Otros implicados en el proceso
La posibilidad de recalificar los cargos beneficiaría también a los exministros Aníbal Torres, Willy Huerta y Betssy Chávez, así como a los oficiales policiales Justo Jesús Venero Mellado y Manuel Lozada Morales. En la acusación original, Torres, Chávez y Huerta enfrentaban cargos por rebelión, con pedidos de 15 y 25 años de prisión respectivamente.
Recta final del juicio
Durante su intervención, el fiscal Casaverde citó una reflexión del expresidente argentino Juan Domingo Perón: “La fuerza es el derecho de las bestias”, instando al tribunal a emitir una sentencia “prudente, sensata y constitucional”.
El proceso oral contra Castillo continuará el viernes 7 de noviembre, jornada en la que la Procuraduría sustentará su pedido de reparación civil superior a los 65 millones de soles. Posteriormente, las defensas de Aníbal Torres, Willy Huerta, Betssy Chávez y los oficiales policiales implicados presentarán sus alegatos finales, antes de que el tribunal fije la fecha para la lectura de sentencia.
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