Desde finales de octubre, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, está siendo investigada por los presuntos delitos de abuso de autoridad y lesiones graves, en relación con los hechos ocurridos durante la toma del campus universitario por estudiantes. Esta protesta surgió como respuesta a irregularidades en el proceso de elecciones internas de decanos.
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Según información de la Fiscalía, además de la rectora, se incluyó en la investigación preliminar a los vicerrectores Carlos Cabrera Carranza y José Segundo Niño Montero, quienes también enfrentan las mismas acusaciones. Los incidentes más graves ocurrieron la noche del 17 de octubre, cuando un grupo de personas no identificadas ingresó al campus y agredió a los estudiantes con palos, piedras y fierros. Las agresiones, registradas en video, dejaron a varios estudiantes heridos, quienes fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.
Denuncias y sospechas
Los estudiantes denunciaron que los agresores no eran alumnos de San Marcos y se negaron a identificarse cuando se les confrontó. Además, acusaron a estos individuos de robar sus pertenencias y vandalizar las instalaciones del campus. Por su parte, la rectora Jeri Ramón negó haber autorizado el ingreso de estas personas, afirmando que desconocía cómo pudieron entrar. No obstante, según una denuncia presentada por el Centro Legal Comunitario María Trinidad Enríquez, las acciones violentas habrían contado con la aprobación del Rectorado, lo que, de ser cierto, implicaría una responsabilidad directa.
El Ministerio Público acumula tres denuncias en esta investigación: una presentada por la propia UNMSM, otra por la congresista Susel Paredes y una más del Centro Legal Comunitario. Este último señaló que la entrada de los agresores y el uso de la fuerza habrían sido ordenados por la rectora para desalojar a los estudiantes, contraviniendo las normas que regulan el acceso al campus universitario.
Acciones legales en curso
El fiscal Gilbert Montenegro Arellano, de la Séptima Fiscalía Corporativa Penal de Lima Centro, dispuso tomar las declaraciones de Jeri Ramón, Carlos Cabrera y José Niño, así como de los estudiantes afectados, quienes deberán describir las circunstancias de las agresiones e identificar, si es posible, a sus atacantes. Hasta el momento, se han registrado cerca de 30 víctimas. Además, el Ministerio Público ordenó recopilar los videos difundidos en redes sociales y analizar los informes médicos de los heridos.
Defensa y controversias
En su defensa, la rectora afirmó durante una sesión extraordinaria del Consejo Universitario que no tuvo control sobre las personas que ingresaron al campus esa noche. Sostuvo que había solicitado al jefe de seguridad que reforzara las medidas con personal externo, conocidos como «terceros», pero negó haber autorizado el ingreso de agresores. Posteriormente, en una entrevista con RPP, Ramón rechazó cualquier vinculación con los actos violentos, calificándolos como parte de una pugna política entre grupos estudiantiles y autoridades.
Impacto y búsqueda de justicia
El caso ha generado un amplio rechazo tanto dentro como fuera de la comunidad universitaria, mientras los estudiantes y las organizaciones denuncian la falta de protección dentro de la universidad. Las investigaciones continúan, y se espera que las diligencias permitan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en este grave incidente que afecta la autonomía y seguridad de San Marcos.
