La Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, llevó a cabo durante la madrugada un conjunto de allanamientos en viviendas vinculadas a mujeres que habrían sido contratadas durante la gestión del expresidente José Jerí. Estas intervenciones se realizaron tras reportes periodísticos que señalaban reuniones previas de estas personas con el exmandatario en el Palacio de Gobierno.
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La investigación está a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, y las diligencias fueron autorizadas por un juzgado de investigación preparatoria de Lima. Cabe señalar que este despacho no tiene competencia para solicitar medidas contra el expresidente, ya que ello corresponde exclusivamente a la Fiscalía de la Nación, liderada por Tomás Gálvez, con eventual aprobación de la Corte Suprema.
El operativo, dirigido por la fiscal provincial Roxana Inés Espinoza Paucar, forma parte de una investigación sobre una presunta red de corrupción relacionada con la emisión de órdenes de servicio y designaciones irregulares durante dicho gobierno. En total, se intervinieron 23 inmuebles ubicados en distintas zonas del país, principalmente en Lima, así como en el Callao y Huánuco. El objetivo principal fue recopilar documentos y equipos tecnológicos que permitan esclarecer posibles casos de negociación incompatible.
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Entre los inmuebles allanados figura el de Lady Guadalupe Vela, quien, según registros, visitó el despacho presidencial en noviembre de 2025 y posteriormente obtuvo contratos en entidades públicas como EsSalud y el Ministerio del Ambiente, este último mediante el Fondo de Apoyo Gerencial. Tras la difusión de estos hechos, la Contraloría inició acciones de verificación y la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra el exmandatario por presunto tráfico de influencias.
En medio de la cobertura mediática, Guadalupe Vela presentó su renuncia al Ministerio del Ambiente a inicios de febrero de 2026. En su pronunciamiento, sostuvo que su salida respondía a la necesidad de resguardar su bienestar personal, cuestionó el tratamiento informativo del caso y defendió su experiencia profesional en temas ambientales.
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