La Junta de Fiscales Supremos, encabezada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, denunció que el Gobierno de Dina Boluarte pretende reducir el presupuesto del Ministerio Público para el año 2026, pese a las promesas públicas de asignar mayores recursos a la institución.
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En un pronunciamiento oficial, Espinoza advirtió que, de concretarse este recorte, la Fiscalía enfrentará serias limitaciones para combatir delitos como minería ilegal, narcotráfico, lavado de activos, violencia de género, trata de personas y delitos ambientales.
El recorte presupuestal en cifras
Actualmente, el Ministerio Público dispone de S/ 2.921 millones para el 2025. Sin embargo, el proyecto de ley de presupuesto 2026 presentado por el Ejecutivo plantea una asignación de S/ 2.870 millones, lo que significa 50 millones de soles menos respecto al año anterior.
Además, la Fiscalía enfrenta ya un déficit de S/ 81 millones en 2025, lo que podría paralizar peritajes, operativos y desplazamientos para enfrentar el crimen organizado.
“El año pasado logramos una ejecución presupuestal del 97,5% y este año ya alcanzamos casi el 60%. La justicia no es un gasto, es una inversión indispensable para fortalecer nuestra democracia”, sostuvo Espinoza.
Impacto en la lucha contra la criminalidad
La fiscal de la Nación advirtió que la falta de recursos afectará directamente los operativos de campo y la capacidad de respuesta del Ministerio Público frente a delitos de alto impacto social:
- Peritajes criminalísticos y forenses.
- Operativos contra la minería ilegal y el narcotráfico.
- Acciones contra la trata de personas y violencia de género.
- Investigaciones por fraudes cibernéticos y delitos ambientales.
Leyes sin financiamiento
Espinoza también recordó que la institución requiere presupuesto adicional para cumplir con dos normas aprobadas por el Congreso:
- La homologación de bonos para fiscales.
- La actualización de la escala remunerativa de los servidores administrativos.
“Queremos que se nos otorguen recursos para poder combatir juntos como instituciones la criminalidad que afecta a miles de personas. Nuestro compromiso con un país justo y seguro se mantiene firme”, remarcó Espinoza.
La Junta de Fiscales Supremos, integrada además por Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez, Juan Carlos Villena y Patricia Benavides, se sumó al llamado para que el Congreso y el Ejecutivo reconsideren el recorte presupuestal y garanticen los fondos necesarios para el trabajo fiscal en el país.
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