El Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar contra Rafael Vela Barba, fiscal superior y coordinador del equipo especial Lava Jato; Silvana Carrión, procuradora ad hoc, y su antecesor Jorge Ramírez Ramírez, por presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento real en relación con el caso Odebrecht. La investigación ha sido encomendada al fiscal supremo provisional José Fernando Timarchi Meléndez, de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. El objetivo es determinar si los fiscales y procuradores mencionados habrían encubierto a la constructora brasileña a través del acuerdo de colaboración eficaz firmado en 2019.
El proceso se inició tras una denuncia presentada por los abogados José Luis Francia y Luis Alberto Pacheco Mandujano, representantes de Gonzalo Monteverde, empresario vinculado al caso Odebrecht y actualmente prófugo. Además de Vela, Carrión y Ramírez, la denuncia también menciona a la fiscal suprema Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación, y a los fiscales provinciales José Domingo Pérez y Diana Canchihuamán, miembros del equipo especial.
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La acusación sostiene que los funcionarios habrían otorgado inmunidad procesal a Odebrecht y sus directivos a cambio de exonerarlos de responsabilidades en varios casos. También se les señala de haber cometido irregularidades en investigaciones contra figuras como el expresidente Ollanta Humala, la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el empresario Gonzalo Monteverde. El fiscal Timarchi ha dado un plazo de 90 días para la investigación preliminar, durante los cuales se tomarán declaraciones a los denunciados entre el 14 y el 20 de febrero, mientras que los abogados denunciantes serán interrogados el 11 de febrero.
En cuanto a las reacciones, el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo Lava Jato, se abstuvo de comentar, alegando que no tiene autorización de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Por su parte, la procuradora Silvana Carrión calificó la denuncia como «mal planteada» y aseguró que su propósito es perjudicar el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, sugiriendo que los abogados denunciantes tienen un interés directo en cuestionar dicho acuerdo.
El caso sigue en investigación, y el Ministerio Público determinará si existen pruebas suficientes para formalizar una acusación o si la denuncia será archivada.
En otro tema relacionado, a mediados de enero, el Ministerio Público empezó a evaluar si hay indicios suficientes para abrir una investigación preliminar contra los fiscales Rafael Vela y Marita Barreto, debido a denuncias periodísticas sobre posibles irregularidades en la adquisición de bienes inmuebles. Según los reportes del canal Willax, las propiedades adquiridas por ambos fiscales no coincidirían con sus ingresos oficiales. Ante esto, la Fiscalía de la Nación ha remitido los casos a la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Extinción de Dominio, Lavado de Activos y Corrupción de Funcionarios para su evaluación.
En esa ocasión, la Secretaría General de la Fiscalía procedió por separado con cada caso: primero, se trasladó una denuncia contra Barreto, quien supuestamente adquirió una propiedad en el distrito de Asia, junto con otros bienes; días después, se remitió otra denuncia contra Vela, relacionada con la compra de una vivienda en la urbanización El Sol de La Molina, cuyo valor se estima en unos 490 mil dólares. El informe de Willax muestra que Marita Barreto habría puesto a la venta una propiedad frente al mar por un precio negociable de 500 mil dólares, la cual fue comprada entre 2017 y 2018 por solo 60 mil dólares, en un terreno de 409 metros cuadrados sobre el cual se construyó una casa de dos pisos con patio y piscina.
