La jornada electoral en el Perú se desarrolla bajo un amplio despliegue de control institucional. El Ministerio Público ha movilizado a más de 6,800 fiscales en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar la legalidad y el orden en los locales de votación. Así lo informó el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, quien señaló que la institución estará presente en todas las etapas del proceso para supervisar el cumplimiento de las normas y actuar ante cualquier irregularidad.
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El operativo responde a una estrategia coordinada con las juntas de fiscales superiores en cada jurisdicción. En el caso de Lima, se realizaron reuniones con las juntas de Lima Centro, Norte, Sur y Este, responsables de organizar el despliegue en los centros de votación. Esta planificación busca asegurar cobertura nacional y permitir una respuesta tanto preventiva como reactiva frente a posibles delitos electorales.
Entre las infracciones más frecuentes, Gálvez mencionó la suplantación de identidad —cuando una persona vota en lugar de otra— y otros actos que afectan la transparencia del proceso. En estos casos, explicó que corresponde iniciar una investigación que podría derivar en sanciones penales, siempre respetando el debido proceso.
Respecto a las detenciones durante la jornada, el fiscal recordó que la ley prohíbe detener a ciudadanos mientras ejercen su derecho al voto. No obstante, la Policía Nacional del Perú puede aplicar medidas de seguimiento o intervenir posteriormente si lo considera necesario, siempre sin obstaculizar la participación electoral. Sobre situaciones específicas, como la del político Vladimir Cerrón, indicó que las decisiones dependen del criterio operativo de la policía.
En cuanto a los recursos, Gálvez reconoció limitaciones presupuestales, aunque evitó profundizar en el tema para no afectar el desarrollo del proceso. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a participar de manera responsable, respetar a los demás y ejercer su voto con tranquilidad, destacando el rol del Ministerio Público como garante de la legalidad y la democracia.
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