La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una denuncia constitucional contra el exministro del Interior Juan José Santiváñez por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.
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La denuncia, remitida al presidente del Congreso, marca el inicio de un proceso que podría derivar en inhabilitación política o incluso en responsabilidad penal para el exfuncionario. El caso ha generado fuerte repercusión en el escenario político, al coincidir con recientes investigaciones periodísticas que cuestionan la transparencia en el Ejecutivo.
Fundamentos legales de la denuncia
De acuerdo con el documento presentado por el Ministerio Público, Santiváñez habría incurrido en actos que comprometieron la imparcialidad y legalidad de su gestión como ministro, afectando directamente los intereses del Estado. La denuncia se sustenta en:
- Artículo 99 de la Constitución Política del Perú
- Ley N.° 27399
- Artículo 450 del Código Procesal Penal
- Artículo 89 del Reglamento del Congreso
Los hechos denunciados se refieren a la presunta contratación irregular de Luis Pineda Rodríguez como analista de redes sociales del Ministerio del Interior (Mininter), quien habría realizado labores ajenas a las que le correspondían, como difundir «mensajes políticos en favor del ministro Santiváñez».
Próximos pasos en el Congreso
El caso pasará a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que deberá decidir si admite o rechaza la denuncia.
De ser admitida, se abrirá una fase de investigación preliminar que incluirá:
- La presentación de descargos de parte de Santiváñez.
- Revisión de documentos y pruebas.
- Elaboración de un informe final con recomendaciones.
Finalmente, el proceso podría llegar al Pleno del Congreso, donde se definirá si corresponde una inhabilitación política o una acusación penal contra el exministro del Interior.











