Las declaraciones de emergencia impulsadas por el Ejecutivo no han logrado frenar uno de los delitos más devastadores para comerciantes, transportistas y ciudadanos: la extorsión, una amenaza silenciosa que no necesita pistolas ni presencia física para operar. Este delito se ejecuta principalmente desde celulares, penales y billeteras electrónicas, y mueve miles de millones de soles al margen del sistema formal.
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Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y director de CHS Alternativo, advirtió que la extorsión ya forma parte de la dinámica económica nacional. En entrevista con Canal N, reveló que solo los préstamos ‘gota a gota’ mueven más de S/4 mil millones al año en el Perú, sin contar otras modalidades como el cobro de cupos, las amenazas desde penales, el secuestro exprés o la extorsión institucional, donde funcionarios exigen pagos ilegales para facilitar trámites.
“Esto ya no es un delito aislado: es parte de una economía paralela que controla territorios y genera ingresos ilícitos a gran escala”, afirmó Valdés.
A diferencia de otros delitos, la extorsión moderna opera desde el anonimato: mensajes de texto, llamadas y transferencias digitales sustituyen a la violencia visible. Valdés explicó que muchas de estas amenazas provienen de centros penitenciarios y se ejecutan en segundos mediante plataformas como Yape o Plin, sin que el extorsionador esté presente.
“La mayoría de extorsiones se concretan sin contacto físico. Un celular basta para generar miedo y obtener dinero inmediato”, indicó el experto, quien también cuestionó la efectividad de los estados de emergencia para combatir este tipo de crimen, pues “están diseñados para otro tipo de violencia”.
Nueve tipos de extorsión operan en el país
El delito se ha diversificado. Aparte del temido ‘gota a gota’, Valdés identificó al menos nueve modalidades de extorsión en actividad: secuestros exprés, amenazas desde penales, cobro de cupos a empresarios, intimidación a funcionarios públicos, extorsión vía redes sociales, presión a pequeños agricultores, chantaje digital, entre otros.
Cada tipo de extorsión tiene su lógica y territorio. Mientras en zonas urbanas las víctimas son mayormente comerciantes y transportistas, en regiones rurales los blancos pueden ser agricultores, mineros artesanales o dirigentes locales.
“Estas mafias están organizadas como empresas criminales. Tienen cobradores, marcadores, amenazadores, y estructuras que operan con total impunidad”, denunció Valdés.
Una economía criminal de US$ 12 mil millones
Según estimaciones de CHS Alternativo, la economía ilegal en el Perú supera los US$ 12 mil millones, de los cuales la extorsión representa una porción significativa y creciente. “El ‘gota a gota’ ya mueve más de S/4 mil millones, pero si sumamos todas las modalidades, la cifra se dispara. Y lo más preocupante es que el Estado no tiene una estrategia unificada para enfrentar este fenómeno”, alertó.
Negocios cerrados, barrios bajo control y miedo generalizado
El impacto de la extorsión es devastador. Solo en Lima Metropolitana, la inseguridad ha obligado al cierre del 50% de negocios en zonas vulnerables. A nivel nacional, se estima que al menos un tercio de los emprendimientos ha sido afectado. Esto genera desempleo, desinversión y un retroceso en la formalidad.
“En muchos distritos, abrir un negocio es una sentencia. Prefieren cerrar antes que arriesgarse a recibir una amenaza o un cobro de cupo”, relató Valdés.
Regiones como La Libertad (Pataz), Puno (La Rinconada), Callao, Tumbes, Huaral y Trujillo son epicentros del crimen organizado, donde bandas criminales ejercen control territorial y siembran el miedo entre los ciudadanos.
Valdés concluyó con una crítica a la respuesta del Gobierno: “Los estados de emergencia se usan como gestos políticos, pero no van al fondo del problema. No se toca la estructura financiera de las mafias ni sus redes de cobro y extorsión. Mientras eso no cambie, el crimen seguirá ganando terreno”.
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