El exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, fue designado asesor de Alta Dirección en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La medida se oficializó mediante la Resolución Ministerial N° 216-2025-PCM, publicada el 1 de septiembre en edición extraordinaria de El Peruano y firmada por el premier Eduardo Arana.
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La designación marca el retorno de Demartini al Ejecutivo, tras su renuncia al Midis en enero de este año, luego de ser incluido en investigaciones fiscales relacionadas con el caso Qali Warma.
Investigaciones por presunta corrupción
La Fiscalía de la Nación abrió diligencias preliminares contra Demartini por presunta negociación incompatible y obstrucción a la justicia. Se le vincula con un supuesto favorecimiento a la empresa Gambrinus en los programas sociales del Midis para los años 2024 y 2025.
Aunque en marzo de 2025 el juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó el pedido de impedimento de salida del país solicitado por el Ministerio Público, el exministro continúa siendo investigado por su presunta responsabilidad en una red de corrupción dentro de Qali Warma, que habría incluido sobornos, contratos irregulares y compras de alimentos en mal estado.
Caso Qali Warma y red de corrupción
El programa de alimentación escolar, hoy denominado Wasi Mikuna, se encuentra bajo la lupa por presuntas prácticas de corrupción que involucran a funcionarios y empresas proveedoras, como Frigoinca, cuyos directivos fueron vinculados al pago de sobornos a cambio de contratos millonarios.
Las pesquisas también alcanzan a exautoridades del sector y a la expresidenta del Midis y actual mandataria, Dina Boluarte, quien habría favorecido a proveedores con contratos por más de S/ 10 millones.
Retorno al Ejecutivo en medio de cuestionamientos
Pese a los cuestionamientos, Demartini fue reincorporado al Ejecutivo como asesor de la PCM. Previamente, se había evaluado su designación como embajador ante la Santa Sede, pero las investigaciones fiscales frenaron esa alternativa.
Con esta decisión, el Gobierno suma un nuevo capítulo de controversia en torno a funcionarios investigados que retornan a cargos de confianza, mientras la Fiscalía avanza en el caso Qali Warma, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en programas sociales de los últimos años.
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