Un nuevo escándalo vuelve a colocar en el centro del debate público al entorno del actual presidente, José María Balcázar. Una investigación difundida por el dominical Panorama reveló que una exalumna suya de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo consiguió una orden de servicio por S/16 mil apenas 72 horas después de reunirse con el entonces parlamentario en su despacho del Congreso.
La protagonista del caso es Carla Bustíos Arteaga, bachiller en Derecho, quien habría tenido un vínculo académico previo con el hoy mandatario en la ciudad de Chiclayo. El reportaje detalla que el proceso que la convirtió en proveedora del Estado se desarrolló con una rapidez poco habitual en la administración pública, lo que ha generado cuestionamientos sobre una posible injerencia política.
La reunión con José María Balcázar y el contrato en tiempo récord
Según la reconstrucción periodística, los hechos ocurrieron en agosto de 2021. El 18 de ese mes, Bustíos pagó la tasa para inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), requisito indispensable para contratar con el Estado.
Al día siguiente, el 19 de agosto, su registro entró en vigencia. Ese mismo día, a las 12:06 p. m., ingresó a la oficina 304 del Congreso para reunirse con José María Balcázar, quien en ese momento ejercía funciones como parlamentario.
La secuencia culminó el 20 de agosto, cuando, apenas 24 horas después de la visita, obtuvo su primera orden de servicio por S/16,000 dentro del gobierno vinculado a Perú Libre. Para el equipo de investigación, la celeridad del procedimiento resulta llamativa, considerando que los procesos de contratación en el Estado suelen implicar evaluaciones administrativas que toman días o incluso semanas.
¿Cómo funciona el Registro Nacional de Proveedores y las órdenes de servicio?
El Registro Nacional de Proveedores (RNP) es administrado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y constituye un paso obligatorio para cualquier persona natural o jurídica que desee contratar con entidades públicas.
En teoría, una vez inscrito y habilitado en el RNP, el proveedor puede participar en procesos de selección o ser contratado mediante órdenes de servicio, dependiendo del monto y la modalidad de contratación. Sin embargo, especialistas en gestión pública señalan que, aun tratándose de servicios menores, existe un procedimiento interno que incluye requerimientos del área usuaria, certificación presupuestal y evaluación de propuestas.
En este contexto, la rapidez con la que la exalumna de José María Balcázar pasó de no tener experiencia previa en el sector público a recibir una orden de servicio ha despertado interrogantes sobre la transparencia del proceso.
La defensa de la exalumna de José María Balcázar
Consultada por Panorama, Carla Bustíos negó de manera categórica cualquier tipo de intervención del mandatario. “¿Usted sabe cuánto demora que se contrate una orden de servicio?”, respondió a los reporteros, sugiriendo que el procedimiento no necesariamente implica largos plazos.
De acuerdo con su versión, su contratación fue resultado de una convocatoria pública en la que compitió con otros postores. También sostuvo que el entonces congresista no tuvo participación alguna en su proceso de selección.
No obstante, al ser consultada sobre la coincidencia de fechas —su inscripción como proveedora y la reunión con José María Balcázar un día después—, la bachiller no precisó detalles sobre el concurso ni explicó cómo tomó conocimiento de la oportunidad laboral.
Vínculo académico previo en Chiclayo
El reportaje también expone que la relación entre ambos no se limitaba a un contacto circunstancial. Bustíos habría sido alumna del actual presidente en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque, donde José María Balcázar mantenía influencia académica.
Según la investigación, el hoy jefe de Estado participó como jurado de tesis en procesos en los que intervino la bachiller, lo que evidencia un vínculo previo de carácter formativo. Este antecedente añade un componente ético al caso, dado que la reunión privada en el Congreso y la posterior contratación se produjeron en un corto intervalo de tiempo.
Para analistas consultados en distintos espacios, cuando existe una relación académica o laboral anterior entre un funcionario público y un proveedor del Estado, es fundamental que los procedimientos sean especialmente transparentes para evitar sospechas de favoritismo o conflicto de intereses.
¿Podría investigarse por presunto tráfico de influencias?
El informe televisivo sugiere que la Fiscalía podría tomar el caso como insumo para evaluar la apertura de una investigación preliminar por un eventual delito de tráfico de influencias. Este tipo penal sanciona a quien invoca o utiliza influencias reales o simuladas ante un funcionario público para obtener un beneficio.
Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el inicio de diligencias fiscales. Sin embargo, el tema ha generado repercusiones en el ámbito político y jurídico, donde se debate si la coincidencia temporal constituye un indicio suficiente para abrir una indagación.
¿Es irregular obtener una orden de servicio en 24 horas?
En términos estrictamente normativos, no existe un plazo único para emitir una orden de servicio. No obstante, especialistas en contrataciones estatales señalan que la rapidez depende de factores como la planificación previa, la disponibilidad presupuestal y la modalidad de contratación.
Lo que resulta inusual, según expertos, es que una persona sin antecedentes como proveedora del Estado logre cumplir todos los requisitos y concretar un contrato en apenas 72 horas desde su inscripción en el RNP, coincidiendo con una visita a un despacho congresal.
¿Qué ha dicho Balcázar sobre el caso?
Hasta la difusión del reportaje, Balcázar no había emitido un pronunciamiento público detallado sobre la reunión con su exalumna ni sobre el proceso que culminó en la orden de servicio por S/16 mil. En anteriores controversias, el mandatario ha rechazado acusaciones de injerencia y ha defendido la legalidad de sus actos.
El caso se suma a otras polémicas que han marcado la gestión del presidente, en un contexto político donde la transparencia y la rendición de cuentas son exigencias constantes de la ciudadanía.
Mientras tanto, el informe periodístico continúa generando debate sobre los límites entre relaciones académicas previas y decisiones administrativas en el sector público, así como sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en las contrataciones estatales.
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