El presidente José Jerí confirmó que el próximo viernes 7 de noviembre se tomará una decisión clave sobre la entrega del salvoconducto solicitado por la ex primera ministra Betssy Chávez, actualmente refugiada en la Embajada de México en Lima. La exfuncionaria busca asilarse en ese país alegando persecución política tras los procesos judiciales que enfrenta por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022.
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Durante una entrevista con CNN, el mandatario precisó que la decisión final recaerá en la Cancillería peruana, encargada de emitir una recomendación técnica sobre la viabilidad del asilo. “Vamos a definirlo estrictamente con la recomendación de Cancillería. Seguramente el día viernes tendremos la postura definitiva”, declaró Jerí, subrayando que el proceso se realizará conforme a los compromisos internacionales suscritos por el Perú.
Un caso diplomático con tensiones bilaterales
El pedido de Betssy Chávez ha reactivado las tensiones diplomáticas entre Perú y México. Las relaciones bilaterales se mantienen frías desde que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) otorgó asilo político a Pedro Castillo y a varios de sus exministros tras su destitución. La ruptura parcial de relaciones diplomáticas en 2023 marcó un punto crítico entre ambas naciones.
El presidente Jerí recordó que su administración mantiene una posición “prudente pero firme” respecto a la soberanía nacional. “No estábamos de acuerdo cuando México opinaba sobre asuntos internos del país, pero mantenemos el principio de realidad y las vías consulares abiertas”, precisó el mandatario durante la entrevista.
Asimismo, destacó que su gobierno busca resolver el caso “sin interferencias políticas” y en estricto apego al derecho internacional, especialmente a la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, que regula la concesión de salvoconductos y el tratamiento a los refugiados en sedes diplomáticas.
Betssy Chávez: del Congreso a la embajada
La exjefa del Gabinete Ministerial enfrenta procesos judiciales por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, derivados del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. En aquel entonces, Chávez ocupaba la presidencia del Consejo de Ministros y fue acusada de haber participado en la coordinación del mensaje a la Nación que anunció la disolución inconstitucional del Congreso.
Tras la caída del gobierno de Castillo, Betssy Chávez fue sometida a diversas investigaciones fiscales y posteriormente inhabilitada políticamente. Con el avance de los procesos judiciales en su contra, la exministra buscó refugio en la Embajada de México en Lima, donde permanece desde hace varias semanas a la espera del salvoconducto que le permitiría salir del país rumbo a Ciudad de México.
Fuentes diplomáticas indicaron que, de aprobarse el salvoconducto, Chávez viajaría en un vuelo humanitario bajo la protección de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Sin embargo, el Gobierno peruano podría negar el permiso de salida si considera que el proceso judicial en curso no permite su traslado fuera del territorio nacional.
La Cancillería evaluará la decisión final
De acuerdo con fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el análisis técnico que elaborará la Cancillería incluirá aspectos jurídicos, diplomáticos y de seguridad. Se revisarán los alcances del pedido de asilo, las normas internacionales aplicables y las implicancias de conceder o negar el salvoconducto en el contexto de las relaciones bilaterales con México.
Expertos en derecho internacional señalan que el Estado peruano tiene la facultad de negar la salida de Betssy Chávez si considera que enfrenta procesos penales ordinarios no relacionados con persecución política. En ese escenario, la embajada mexicana deberá mantener su condición de refugio hasta que se resuelva la situación judicial de la ex primera ministra.
Mientras tanto, sectores políticos han expresado posturas encontradas. Algunos congresistas consideran que la exfuncionaria busca evadir la justicia, mientras que otros sostienen que el gobierno debe garantizar el respeto a los tratados internacionales sobre asilo diplomático y derechos humanos.
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