El cierre del plazo de inscripción de planchas presidenciales y listas parlamentarias para las Elecciones Generales 2026 volvió a exponer un escenario político atomizado y dominado por figuras con amplio prontuario de cuestionamientos. Hasta la medianoche del martes 23 de diciembre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó el registro de 36 fórmulas presidenciales, una cifra que evidencia más dispersión que renovación.
PUEDES LEER ► Pensión 65 consulta con DNI diciembre 2025: Beneficiarios, pago del beneficio y todos los detalles
De acuerdo con la última actualización de la plataforma electoral, también se presentaron 1,712 listas de candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. El organismo electoral resaltó el uso mayoritario del sistema DECLARA+, herramienta digital reforzada para este proceso y acompañada de capacitaciones técnicas dirigidas a las organizaciones políticas.
No obstante, el cumplimiento de los requisitos formales contrasta con el perfil de varios aspirantes inscritos. La lista incluye líderes con procesos judiciales abiertos, sentencias vigentes, investigaciones fiscales y altos niveles de desaprobación ciudadana, lo que vuelve a poner en debate la calidad de la oferta política que enfrentará el electorado en 2026.
Entre los nombres más polémicos figura Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, cuya postulación revive el Caso Cócteles. El Ministerio Público la acusa por lavado de activos y organización criminal por presuntos aportes ilícitos de Odebrecht en sus campañas electorales. Aunque en octubre de 2025 el Tribunal Constitucional anuló parte de las resoluciones del proceso, el impacto político persiste.
La XLV Encuesta del Poder de Ipsos/Semana Económica la ubicó, por séptimo año consecutivo, como la figura que más daño ocasiona a la política peruana. Analistas del Instituto de Estudios Peruanos advierten que este rechazo sostenido configura un antivoto estructural que limita seriamente su margen de crecimiento electoral.
Otro caso crítico corresponde a Vladimir Cerrón, candidato presidencial de Perú Libre, quien permanece prófugo de la justicia. El Poder Judicial lo condenó a tres años y seis meses de prisión efectiva por colusión en el caso Aeródromo Wanka, mientras la Fiscalía lo investiga como presunto cabecilla de la red criminal “Los Dinámicos del Centro”.
En diciembre de 2025, el Poder Judicial rechazó un nuevo pedido de su defensa para revocar la prisión preventiva, manteniéndose vigente la orden de captura internacional. Pese a este escenario legal adverso, su inscripción evidencia los vacíos normativos que permiten candidaturas bajo graves cuestionamientos judiciales.
Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, también enfrenta un flanco político complejo. Al cierre de 2025, Ipsos Perú registró una desaprobación superior al 69% en su gestión como alcalde de Lima, atribuida al incumplimiento de promesas emblemáticas en seguridad ciudadana y acceso al agua en zonas periféricas.
A ello se suman reportes periodísticos basados en información de la SUNAT, que advierten sobre deudas tributarias millonarias vinculadas a empresas relacionadas con su entorno empresarial. Estas revelaciones alimentan cuestionamientos sobre su desempeño como administrador público y su discurso de eficiencia.
César Acuña, de Alianza para el Progreso, carga con el estigma del plagio académico documentado en investigaciones periodísticas y en el libro “Plata como cancha”. Además, enfrenta indagaciones fiscales tras la difusión de audios donde se le atribuye influencia indebida en decisiones legislativas con fines políticos regionales.
En el mismo grupo aparece José Luna Gálvez, candidato de Podemos Perú, investigado en el caso “Los Gánsteres de la Política”. La Fiscalía sostiene que utilizó su influencia en el extinto CNM para favorecer la inscripción irregular de su partido, mientras pesquisas periodísticas vinculan a su universidad con presuntos esquemas de financiamiento político.
Desde el Congreso, Luna ha impulsado la agenda de retiros de AFP y CTS, medidas con amplio respaldo popular, aunque duramente cuestionadas por especialistas por su impacto fiscal y previsional. Su estrategia evidencia cómo propuestas de alto rédito político conviven con investigaciones no resueltas.
El proceso de inscripción concluye así con una oferta electoral dominada por viejos protagonistas, reafirmando la sensación de reciclaje político. A menos de dos años de las urnas, el desafío no radica en la cantidad de candidatos, sino en la credibilidad de quienes aspiran a gobernar el país.
Suscríbete a nuestro RSS