Durante su discurso ante el Congreso por el pedido de voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, propuso la creación de una comisión multisectorial para analizar la continuidad del Perú en el Pacto de San José, instrumento fundamental del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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“Conscientes de que la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es de interés nacional, propongo la formación de una comisión integrada por representantes del Ejecutivo, Legislativo, sociedad civil, academia y organismos competentes para evaluar, estudiar y proponer una decisión consensuada sobre nuestra permanencia en dicho sistema”, expresó Arana ante el Parlamento.
Contradicciones en el Ejecutivo sobre medida
La propuesta representa un giro en la postura oficial del Ejecutivo. En marzo de 2023, cuando Eduardo Arana se desempeñaba como ministro de Justicia, el gobierno de Dina Boluarte observó un proyecto del Congreso —impulsado por la bancada fujimorista— que proponía justamente crear una comisión para revisar la permanencia del país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Hoy, como jefe del gabinete, Arana plantea una comisión con el mismo propósito, lo que ha sido interpretado como una señal política favorable a sectores como el fujimorismo, que han cuestionado reiteradamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y sus decisiones contra el Estado peruano.
Preocupación por los derechos humanos
El anuncio de Arana se produce un día después de que el Congreso aprobara en primera votación la ley de amnistía para militares y policías procesados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno. Expertos legales y organizaciones de derechos humanos han advertido que dicha norma viola compromisos internacionales asumidos por el Perú, especialmente los establecidos en el Pacto de San José y supervisados por la Corte IDH.
Cabe recordar que en febrero de este año, Arana, como ministro de Justicia, viajó a Washington D.C. junto al canciller Elmer Schialer, donde ambos reafirmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el compromiso del Estado peruano con el sistema interamericano.
Sin embargo, en diciembre de 2023, el Ejecutivo liderado por Dina Boluarte —con Arana como ministro— defendió el indulto a Alberto Fujimori, pese a la orden de la Corte IDH que solicitaba frenar su liberación. En ese contexto, Arana declaró que el gobierno no aceptaría “intromisiones en la soberanía jurídica nacional e internacional”.
Implicancias políticas y jurídicas
La creación de esta comisión, si se concreta, podría allanar el camino para que el Congreso promueva una eventual denuncia del Pacto de San José, lo cual requeriría una decisión soberana del Ejecutivo conforme al artículo 57 de la Constitución. Sin embargo, organismos internacionales y expertos alertan que tal medida debilitaría la protección de los derechos humanos en el país.
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