El Gobierno de Dina Boluarte tiene una postura sobre la cuestionada nueva Ley Agraria y desde el Midagri su titular dejó entrever que ellos promulgarán la ley de ser aprobada por el Congreso de la República.
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Medios nacionales informaron que el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, se pronunció sobre la nueva Ley Agraria, que fue aprobada en primera votación en el Congreso de la República el pasado miércoles 4 de junio.
El ministro Manero afirmó que el Ejecutivo, incluyendo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Ministerio de Agricultura, están «a favor de la ley».
El pronunciamiento del titular del Midagri causó mucha sorpresa pues en el 2024 el Ministerio de Economía alertó que el costo fiscal de esta normal sería de aproximadamente S/ 1,850 millones anuales.
Midagri a favor de la nueva Ley Agraria
Consultado sobre ello, el ministro Manero sostuvo que el informe anterior del MEF fue «obra de un mal informe. Mal hecho». Añadió que ministros anteriores como Salardi y Pedro Reyes también estuvieron «a favor de la Ley Agraria».
El ministro expresó confianza en que la recaudación «va a aumentar» en los próximos años, incluso con la disminución de la tasa impositiva.
Según Manero, las críticas a la Ley Agraria no le preocupan. Indicó que la nueva normativa traerá beneficios, señalando que el pequeño agricultor «va a tener beneficios» con el 0 % al impuesto a la renta, mientras que el gran agricultor tendrá el 15 %.
¿Qué implica esta nueva Ley Agraria?
La norma contempla beneficios tributarios como una tasa reducida de Impuesto a la Renta (15 % entre 2026 y 2035), reintegro del IGV y depreciación acelerada para inversiones en infraestructura agrícola.
Diversos sectores advierten que la norma beneficiaría principalmente a grandes agroexportadoras, replicando el esquema de incentivos de la derogada Ley N° 31110, conocida como «Ley Chlimper».
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había advertido en 2024 que esta ley implicaría un alto costo fiscal, estimado en S/ 1,850 millones anuales. También se cuestiona que podría debilitar la fiscalización laboral en el sector agrario.
La norma aún requiere una segunda votación para ser promulgada.
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