El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, declaró que en el Ejecutivo de Dina Boluarte existe una “evaluación favorable” respecto a la reciente ley de amnistía aprobada por el Congreso para miembros de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha solicitado formalmente suspender su trámite.
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Durante una entrevista con RPP, Arana sostuvo que el Gobierno respeta el marco constitucional que otorga al Congreso la potestad de legislar sobre este tipo de medidas.
“La amnistía es una potestad del Congreso establecida en la Constitución. En este momento, hay una evaluación favorable”, afirmó.
Asimismo, señaló que varios ministros comparten la postura del Legislativo, lo que —según él— refleja una “coincidencia” entre ambos poderes del Estado en torno a la ley.
Premier cuestiona resolución de la Corte IDH sobre el caso Barrios Altos
En un tono crítico, Arana también cuestionó la decisión de la Corte IDH, que ordenó al Perú detener el trámite de la norma como parte del seguimiento a la sentencia por el caso Barrios Altos.
“No hay ningún tribunal en el mundo que, luego de dictada una sentencia, vuelva a emitir fallos adicionales. Eso no existe en ningún sistema jurídico”, declaró.
El primer ministro añadió que ningún organismo internacional debería interferir en las competencias del Congreso o del Ejecutivo peruano. Esta declaración se da en un contexto de creciente debate sobre el papel de la Corte IDH en los asuntos internos del país.
¿Perú podría retirarse del Pacto de San José?
Ante la consulta sobre un posible retiro del Pacto de San José, lo que implicaría dejar la competencia de la Corte IDH, Arana recordó que, durante su paso por el Ministerio de Justicia, impulsó consultas y encuentros con organizaciones civiles para recoger la opinión de la ciudadanía sobre el tema.
El debate sobre la ley de amnistía sigue generando preocupación a nivel nacional e internacional, especialmente por su posible impacto en la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado.
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