Diez días después de haber sido destituida de la Presidencia de la República, Dina Boluarte presentó una solicitud formal al Congreso para activar su pensión vitalicia como exjefa de Estado. El pedido fue remitido al presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, e incluye además la entrega de beneficios logísticos y de personal establecidos en el Acuerdo de Mesa Directiva N.º 78-2016.
En su carta, Boluarte solicita que se le otorgue el uso permanente de un vehículo oficial, sin restricciones en su utilización, así como la contratación de un trabajador bajo la modalidad CAS. Según la normativa, este asistente sería seleccionado directamente por la exmandataria y recibiría un salario mensual de 3.700 soles. También plantea recibir una asignación mensual de 150 galones de combustible, valorizados entre 2.200 y 2.500 soles, y mantener el seguro privado de salud que poseía durante su gestión presidencial.
¿Tiene derecho a una pensión vitalicia tras ser vacada?
El marco legal vigente establece que los expresidentes pueden acceder a su pensión vitalicia y otros beneficios mientras no exista una acusación constitucional aprobada por el Parlamento. En caso de abrirse un juicio político y dictarse una sanción, estos pagos quedarían suspendidos hasta que exista una sentencia absolutoria. Hasta la fecha, el Congreso no ha iniciado un proceso de este tipo contra Boluarte, por lo que no existe un impedimento legal para que reciba dichos beneficios.
La pensión a la que podría acceder se encuentra entre los 26.000 y 35.000 soles mensuales, dependiendo del cálculo que adopte el Consejo de Ministros. El monto final podría variar si se valida el incremento salarial aprobado durante su propio mandato, cuando su remuneración pasó de 15.600 a 35.568 soles. Aunque esta modificación fue autorizada en medio de tensiones políticas, aún requiere ser ratificada por el Legislativo para que pueda influir en su pensión.
Antecedentes de cobros y solicitudes laborales
Boluarte, antes de asumir la presidencia, desempeñó funciones en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Tras dejar dicho puesto, reclamó pagos por beneficios laborales y conceptos sindicales que la institución consideró improcedentes. Su demanda ascendía a 428.905 soles; sin embargo, una resolución judicial determinó que únicamente correspondía abonarle 239.000 soles.
Asimismo, el Estado continúa cubriendo los gastos de su defensa legal en diversas investigaciones fiscales. Los reportes oficiales confirman que los abogados que representan a la exmandataria en los procesos abiertos siguen siendo financiados con recursos públicos.
Reacciones y consecuencias políticas
Aunque Boluarte fue retirada del cargo por incapacidad moral, la ley no considera esta causal como un obstáculo para acceder a la pensión vitalicia. No obstante, su solicitud ha generado críticas y un debate sobre la pertinencia de otorgar estos beneficios a una expresidenta que no culminó su mandato.
Especialistas y opositores advierten que esta situación expone un vacío legal respecto a los privilegios que pueden recibir autoridades destituidas. Además, el posible reconocimiento del incremento salarial que aprobó durante su gestión podría derivar en que obtenga una pensión mayor a la de otros exmandatarios, un escenario inédito en la administración pública peruana.
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La discusión sobre los beneficios que deberían corresponder a exautoridades vacadas podría abrir un nuevo capítulo en el Congreso, donde ya se plantea revisar las condiciones para otorgar pensiones y asignaciones a quienes no han completado su periodo presidencial.
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