Durante la ceremonia de graduación de nuevos policías en Lima, la presidenta Dina Boluarte expresó su firme respaldo a la polémica Ley de Amnistía para militares, policías y comités de autodefensa, recientemente aprobada por el Congreso, y rechazó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el trámite de esta norma.
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El pronunciamiento de la mandataria se dio en un contexto de creciente tensión internacional, luego de que el tribunal con sede en Costa Rica ordenara al Estado peruano suspender el proceso legislativo por considerar que podría violar sentencias vinculadas a crímenes de lesa humanidad, como los casos Barrios Altos y La Cantuta.
“El Perú es libre e independiente, con autonomía soberana. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana”, dijo Boluarte ante los egresados de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional.
La jefa de Estado defendió la norma como un acto de “justicia” hacia quienes combatieron el terrorismo. Afirmó que el país debe velar por quienes “arriesgaron su vida para defender a la nación”.
Ley de Amnistía enfrenta críticas nacionales e internacionales
La Ley de Amnistía exime de responsabilidad penal a militares, policías y miembros de comités de autodefensa denunciados o sentenciados por violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000). Ha sido duramente cuestionada por organismos internacionales, colectivos de víctimas y expertos en derechos humanos, quienes advierten que su aprobación vulnera el derecho a la verdad y a la justicia.
El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, y organizaciones civiles han manifestado que esta ley podría traducirse en impunidad para graves crímenes, y pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano.
Delia Espinoza, fiscal de la Nación, fue categórica:
“Las leyes de amnistía por crímenes de lesa humanidad son inadmisibles. Si esta norma se aplica, el Perú incumplirá compromisos internacionales vinculantes”.
Por su parte, Gisela Ortiz —hermana de uno de los estudiantes asesinados por el grupo Colina en La Cantuta— sostuvo que el país está retrocediendo décadas en la lucha por la memoria y la justicia.
“Esta ley nos arrebata el derecho a la verdad”, sentenció.
El gobierno responde a la Corte IDH: “Excede sus competencias”
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos emitió un comunicado en el que señala que la Corte IDH “excede sus competencias” al ordenar la paralización de una ley aún no promulgada. El Ejecutivo sostiene que el tribunal internacional “no puede sustituir a las autoridades nacionales” ni interferir en decisiones aún en debate dentro del Congreso.
Además, el ministro del Interior, Carlos Malaver, también se pronunció en contra de la medida dictada por la Corte, afirmando que el Perú tiene “la obligación de resolver sus propios problemas sin injerencia externa”.
“La Corte no puede marcarnos la pauta ni decirnos qué hacer”, declaró en Canal N.
Audiencia clave en agosto
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha convocado a una audiencia pública para el próximo 21 de agosto de 2025, donde participarán representantes del Estado peruano, familiares de víctimas y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo será debatir la legalidad y consecuencias de la ley.
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