La presidenta Dina Boluarte tiene mucho que responder ante los órganos de fiscalización como la Contraloría, cuyo titular, César Aguilar Surichaqui, fue designado en el cargo a propuesta de la mandataria que hoy tendría que fiscalizar.
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En julio del año pasado, el todavía contralor Nelson Shack dio cuenta de indicios de un presunto desbalance patrimonial de la jefa de Estado. Hoy se sabe que las cifras no cuadran, que Boluarte pasó de tener ingresos por S/160,415.60 en 2021 a S/792,167.99 en 2024 y que, haciendo caso omiso a lo que determina la ley, no entregó toda la información de sus cuentas bancarias a la Contraloría General.
El Informe de Fiscalización Específica N.° 017-2024-CG/FIS-FEDJ del 4 de octubre del año pasado —suscrito por la subgerente de Fiscalización del ente de control, Vanessa Walde Ortega—, referido a las declaraciones juradas presentadas por la jefa de Estado en el periodo comprendido entre febrero de 2022 y febrero de 2024, y al que Perú21 tuvo acceso, establece que “no se ha identificado indicios que configuren un presunto incremento patrimonial no justificado” en el periodo antes citado.
No obstante, se deja constancia también allí que “de la verificación efectuada a la documentación remitida por la fiscalizada, respecto al rubro ‘ahorros, colocaciones, depósitos, inversiones’ en el sistema financiero de la fiscalizada y sociedad de gananciales” de las declaraciones juradas de 2022 y 2023, Boluarte no consignó una de sus cuentas bancarias transgrediendo lo que estipula la ley 27482 que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos.
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En consecuencia, la aseveración de que “no existe” un desbalance patrimonial en el caso de la presidenta Boluarte, como lo sostuvo ayer el primer ministro Gustavo Adrianzén, no es cierto.
“Si la Contraloría ha emitido un informe en relación con esta investigación sobre un presunto desbalance patrimonial de la presidenta y se ha determinado que el presunto desbalance no existe, no veo ninguna razón por la cual haya que investigarse sobre esa decisión, (…) no veo razón alguna para que el Ministerio Público pueda tener algún indicio y pueda generar una denuncia. Por el contrario, me parecería descabellado que inicien una denuncia o investigación siquiera por ello”, se apresuró a decir el jefe del gabinete.
El mismo informe de Fiscalización de la Contraloría, empero, es claro al señalar que “el análisis realizado se ha efectuado sobre la base de la documentación que se ha tenido a la vista por lo que no limita a la Contraloría de efectuar futuras fiscalizaciones, de tomarse conocimiento de información adicional o de aspectos distintos a los fiscalizados que lo ameriten”.
Fuentes de la Comisión de Fiscalización, por su parte, no descartaron la posibilidad de solicitar un informe a la Contraloría sobre el tema. La pregunta ahora es si el titular César Aguilar dispondrá que se continúe con la fiscalización en este tema, tal y como lo recomienda una instancia interna de su institución.
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