En el 2018, El Ministerio de Salud (Minsa) de Perú estableció el 10 de febrero como el “Día contra la Falsificación de Medicamentos”, con el objetivo de concienciar a la población sobre los riesgos que representa el comercio ilegal de medicamentos falsificados. La resolución ministerial N° 408-2018/MINSA, publicada en el diario oficial El Peruano, resalta la importancia de esta fecha en el marco de las acciones preventivas contra este grave problema de salud pública.

Este esfuerzo ha sido liderado por el Grupo Técnico Multisectorial de Prevención y Combate al Contrabando, Falsificación y Comercio Ilegal (GTM), presidido por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). La campaña busca sensibilizar a la población y reforzar las estrategias de lucha contra el tráfico de productos farmacéuticos falsificados.

Propuesta de trazabilidad para combatir la falsificación de medicamentos

Una de las principales propuestas para reducir la falsificación de medicamentos en Perú es la implementación de un sistema nacional de trazabilidad. Este sistema permitiría el seguimiento de los productos desde su fabricación o importación hasta su venta final, garantizando la detección temprana de medicamentos falsificados. Según la abogada Ana Paola Quiñones Bernaola, este sistema no solo facilitaría la identificación de productos adulterados, sino que también permitiría retirar rápidamente estos fármacos del mercado, protegiendo así la salud pública.

En otros países como Ecuador, ya existe una normativa similar. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) de Ecuador ha implementado un sistema de trazabilidad que exige un Código Único de Trazabilidad (CUT) para cada medicamento, lo que ha sido un paso importante en la lucha contra la falsificación. Sin embargo, en Perú aún no se ha establecido un sistema nacional, y su viabilidad debe ser evaluada en función de los recursos tecnológicos y logísticos disponibles.

Sanciones y la importancia del control en la lucha contra la falsificación

El Perú cuenta con un marco normativo que sanciona la falsificación de medicamentos tanto en el ámbito administrativo como penal. La Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) tienen un papel crucial en la fiscalización de estos productos, emitiendo alertas sanitarias y aplicando sanciones a los infractores. En el ámbito penal, el Código Penal sanciona la falsificación con penas de prisión de hasta diez años, pero la efectividad de estas sanciones enfrenta serias limitaciones, ya que en la mayoría de los casos solo se procesan a los vendedores finales, sin llegar a los fabricantes o distribuidores de productos ilegales.

Desafíos y propuestas para mejorar la fiscalización

La falta de cumplimiento efectivo de las normas en muchos casos sigue siendo un reto. Los hospitales continúan recibiendo casos de intoxicación por medicamentos falsificados, lo que sugiere que la aplicación de la ley no es suficientemente estricta. Los especialistas destacan la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización, mejorar la cooperación interinstitucional y adoptar tecnologías avanzadas para un mejor control de la comercialización de fármacos. Esto incluiría el uso de tecnologías innovadoras que permitan a las autoridades detectar productos falsificados de manera más eficiente y segura.

Carlos Aliaga, miembro del Comité Médico de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos en Latinoamérica (Alafal), resalta que la falsificación de medicamentos no solo es un problema de salud, sino también de seguridad pública. Las mafias dedicadas a este negocio ilegal perfeccionan sus métodos, lo que dificulta su detección. Aliaga hace un llamado urgente a la población para que no se arriesgue comprando medicamentos a precios bajos sin la debida seguridad.

Cifras alarmantes en el mercado de medicamentos falsificados

En el 2024, las autoridades peruanas incautaron 10 toneladas de medicamentos falsificados, evidenciando la magnitud del problema. Según el Instituto Nacional de Salud, el 71.7% de los casos de falsificación se concentran en Lima Metropolitana, lo que resalta la importancia de continuar con las estrategias de control y fiscalización para reducir estos índices.