Una reciente investigación periodística reveló que el Congreso de la República estaría ejecutando contrataciones irregulares de asesores sin concurso público, sin requisitos académicos y sin experiencia comprobada, generando un gasto millonario con recursos del Estado.
Puedes leer ► Nuevo estadio Miguel Grau dinamizará la economía de Piura
Según el reportaje difundido por el dominical Cuarto Poder, todo se originó tras la aprobación del Acuerdo de Mesa N.° 072-2022-2023/MESA-CR, firmado en diciembre de 2022 durante la gestión del expresidente del Congreso José Williams (Avanza País). Este acuerdo dio luz verde a la creación del Módulo de Personal de Confianza Adicional, permitiendo a los congresistas contratar personal solo con el aval del titular del Parlamento, sin evaluación técnica ni concurso público.
“Mientras la ciudadanía exige leyes a favor del pueblo, en el Congreso se legisla para beneficio propio”, señala el reportaje, cuestionando la creciente burocracia en el Parlamento.
Gasto excesivo en asesores sin filtros en el Congreso peruano
Durante el 2023, bajo la presidencia de Williams Zapata, el Congreso destinó S/2’076,722 para estos nuevos asesores. Con Alejandro Soto Reyes (APP), el gasto subió a S/3’194,476, y en lo que va del mandato de Eduardo Salhuana Cavides (APP), ya se han destinado S/3,5 millones en apenas nueve meses.
El experto en contrataciones públicas Marco Montoya criticó duramente esta práctica:
“Estos puestos no tienen justificación ni control. Se trata de una expansión innecesaria del aparato estatal”.
Por su parte, el analista Alejandro Rospigliosi señaló que estas contrataciones responderían a intereses políticos y pagos de favores partidarios:
“Existe una alianza administrativa de supervivencia para llegar al 2026, incluso si eso implica desangrar los recursos públicos”.
Casos polémicos: asesores ligados a minería ilegal y vínculos familiares
Entre los beneficiarios más cuestionados figura Jimmy Torres Sias, asesor del actual presidente del Congreso, Eduardo Salhuana. Torres, vinculado presuntamente a la minería ilegal y con ingresos superiores a los S/15,500 mensuales, admitió que accedió al cargo sin concurso, por ser considerado de “confianza”.
Además, el Ministerio Público lo investiga por contratación incompatible, tras su presunta participación en la colocación irregular de Rommy Vásquez Yáñez, sobrina de la congresista Kelly Portalatino (Perú Libre). Este caso derivó en una denuncia constitucional contra Portalatino y Silvia Monteza (Acción Popular) en febrero de 2025.
Otro caso revelado por el dominical es el de Yeshira Peralta Salas, familiar cercana del hijo de Alejandro Soto, quien actualmente figura como técnica con un sueldo superior a los S/5 000 mensuales.
Congreso destinó más de S/1,4 millones en asesores solo entre agosto y diciembre de 2024
Según el reportaje, solo en abril de 2025, el Parlamento destinó S/491,810 para pagar a 58 trabajadores del módulo de confianza. Entre agosto y diciembre del año anterior, el gasto fue de S/1’475,789, con sueldos que van desde S/2,000 hasta S/15,000 mensuales.
“Es una planta de asesores como cancha, que se paga con el bolsillo de todos los peruanos”, concluye la investigación.











