La promulgación de la reciente ley de amnistía en Perú ha generado una fuerte ola de críticas, incluso desde el propio Ministerio Público. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cuestionó duramente a la presidenta Dina Boluarte por aprobar una norma que, según explicó, “perdona” a militares y policías procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno (1980-2000).
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En entrevista con CNN en Español, Espinoza calificó la decisión de la mandataria como “un insulto a las víctimas de violación de derechos humanos”. Añadió:
“Acá no se trata de cuestiones políticas. Es simplemente respeto a los derechos fundamentales, a la vida, la integridad. Es una bofetada a todas esas víctimas”.
Críticas al rol de la presidenta y el Congreso
La fiscal explicó que si bien el Congreso tiene la facultad de aprobar leyes, recae en la presidenta la responsabilidad de observarlas o ratificarlas. En ese sentido, consideró que Boluarte perdió una gran oportunidad de rechazar la norma.
“El Congreso sugiere, aprueba una ley por votación y se la envía a la presidenta. Y esa es una gran oportunidad. Tuvo una gran oportunidad la señora presidenta [para observarla]. […] Pero ayer con toda pompa, con todo festejo, se promulgó la ley. Eso ha sido un insulto para las víctimas de violaciones de derechos humanos”, reiteró.
Espinoza recordó que los crímenes de las décadas de 1980 al 2000 no se limitaron a las acciones de los grupos terroristas, sino también a excesos cometidos por alrededor de 900 militares y policías. Subrayó que esta amnistía abarca tanto a procesados como a condenados.
Riesgos de inconstitucionalidad e impacto internacional
La titular del Ministerio Público advirtió que la ley contradice los compromisos internacionales asumidos por el Perú:
“Eso va contra las convenciones internacionales a las que el Perú está sometido, está obligado a acatar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es parte de nuestro derecho interno, está reconocido en nuestra Constitución”.
Finalmente, responsabilizó tanto al Ejecutivo como al Legislativo por las consecuencias que tendrá esta medida:
“La señora presidenta desde ya ha aprobado una ley absolutamente inconstitucional y el Congreso también tiene responsabilidad allí. Pero, en su momento, las responsabilidades se van a ir dando, de todas maneras”.
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