La ex fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que se encuentra actualmente suspendida, ha anunciado su decisión de presentar una querella formal contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, a raíz de que el legislador se negara a retractarse de sus afirmaciones.
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Este conflicto se intensificó después de que el congresista, miembro de la bancada fujimorista, desestimara una carta notarial en la que Espinoza calificaba sus comentarios como difamatorios.
“Es de conocimiento público que el señor ha difamado mi persona y ha afectado mi honor. Se le solicitó, mediante una carta notarial, que se rectifique, pero lamentablemente ha persistido en referirse a mí como ‘filoterruca’ o, más bien, como aliada del terrorismo. Esperamos una rectificación pública y que retire esas palabras ofensivas hacia una dama. Si no lo hace, nos veremos obligados a interponer formalmente una querella”, manifestó Espinoza ante los medios afuera del Poder Judicial.
La comunicación legal enviada requería que Rospigliosi desmintiera públicamente sus declaraciones en los mismos espacios donde fueron emitidas y cesara los comentarios perjudiciales para la imagen de la magistrada.
No obstante, tras recibir la notificación, el fujimorista ratificó su postura en sus redes sociales. En un post en X (anteriormente Twitter), Rospigliosi tildó a Espinoza de “ex fiscal gatillo fácil”, sosteniendo que ella “abusó de su enorme poder de forma política y prevaricadora, y ahora busca volver para seguir haciendo lo mismo”. Además, sugirió que las acciones judiciales de Espinoza buscan “perseguir a quienes la critican”.
“No se detiene en perseguir a sus críticos. Basta ya. La Junta Nacional de Justicia debe hacerse respetar y no permitir que continúe desmantelando lo que queda de la fiscalía”, afirmó el congresista.
Antecedentes del conflicto
Esta no es la primera vez que ocurre un enfrentamiento de este tipo. En julio del mismo año, cuando aún era fiscal de la Nación, Espinoza envió una carta notarial a Rospigliosi por calificarla de “aliada del terrorismo y de las economías ilegales”.
La jurista argumentó que tales declaraciones menoscababan su dignidad personal, su prestigio profesional y la legitimidad institucional del Ministerio Público. Advirtió entonces que, de no cumplirse la solicitud de rectificación, iniciaría las acciones legales pertinentes, indicando que las aseveraciones de Rospigliosi “distorsionan la labor constitucional” de la Fiscalía y las catalogó de “falsas y ofensivas”.
“Estas acusaciones, sin fundamento y difundidas de forma irresponsable, (…) constituyen un delito penal que no solo perjudica mi dignidad personal y reputación profesional, sino que socava la legitimidad institucional del Ministerio Público”, se leía en el documento de Espinoza.
En aquel momento, Rospigliosi también rechazó rectificarse, alegando que sus expresiones estaban amparadas en el derecho a la libertad de expresión y formaban parte del legítimo control ciudadano hacia los funcionarios públicos.
Añadió en su respuesta: “Ella se reunió con la ‘Organización nacional de mártires y víctimas 2022-2023’ (una típica fachada subversiva) para brindarles apoyo y jactarse de estar procesando a centenares de efectivos policiales y militares que evitaron que las violentas turbas terroristas y delincuenciales reinstalaran al golpista Pedro Castillo e impusieran una dictadura en Perú”.
El partido Fuerza Popular se unió a la disputa, emitiendo un comunicado de apoyo al legislador. “En democracia, las ideas se debaten, no se persiguen. Intentar judicializarlas es una señal peligrosa que debe inquietarnos a todos”, señaló la bancada.
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