La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado a la Corte Suprema la declaración de ilegalidad del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, y su exclusión de las Elecciones 2026. Esta acción, basada en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, busca la cancelación de la inscripción del partido en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por presuntas actividades antidemocráticas.
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¿Por qué Delia Espinoza solicita declarar ilegal a Fuerza Popular?
La fiscal Delia Espinoza argumenta que Fuerza Popular ha incurrido en conductas contrarias a los principios democráticos, como la vulneración sistemática de derechos fundamentales y la promoción de actos que atentan contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, periodistas y opositores políticos. Entre las acusaciones, se destaca el acoso sistemático a personas por su función pública o disidencia política, la exclusión de congresistas por diferencias ideológicas, la legitimación de la violencia como método político y la exculpación de atentados contra víctimas del conflicto armado interno (1990-2000). Estas acciones, según Espinoza, justifican la cancelación de Fuerza Popular en el ROP y su exclusión de las Elecciones 2026.
¿Qué implica la cancelación de Fuerza Popular para Keiko Fujimori?
De prosperar la solicitud de Delia Espinoza, Keiko Fujimori y su partido quedarían fuera de la contienda electoral de las Elecciones 2026. El proceso, que será resuelto por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, requiere al menos cuatro de cinco votos para declarar la ilegalidad de Fuerza Popular. Tras la notificación de la demanda, el partido podrá presentar su defensa en una audiencia, y el fallo será apelable ante la Sala Suprema Civil Permanente. Este procedimiento podría marcar un hito en la política peruana, limitando la participación de una de las agrupaciones más influyentes.
Precedente de ilegalidad: el caso de Antauro Humala
Un caso similar ocurrió con el partido A.N.T.A.U.R.O., liderado por Antauro Humala, cuya ilegalidad fue confirmada en enero de 2025 por la Corte Suprema. La sentencia, que ratificó la cancelación de su inscripción en el ROP, se basó en discursos antidemocráticos de Humala, como su propuesta de retirar al Perú del Pacto de San José para habilitar la pena de muerte. El tribunal destacó que la ausencia de rechazo a estas posturas por parte de los dirigentes comprometía los valores democráticos, estableciendo un precedente para casos como el de Fuerza Popular.
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