El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, interpuso ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32419, norma que otorga amnistía a policías y militares procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el periodo de violencia interna (1980–2000).
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La acción legal marca un giro en la postura de la Defensoría del Pueblo, que durante el debate en la Comisión de Constitución del Congreso había expresado respaldo a la iniciativa.
Una posición contradictoria
En abril de este año, durante una mesa técnica organizada por el congresista Jorge Montoya, el adjunto para Derechos Humanos de la Defensoría, Carlos Fernández Millán, declaró que existía “gran preocupación” por los procesos judiciales que llevan casi 30 años sin resolverse, afectando a familias de policías y militares.
En esa ocasión, Fernández Millán señaló que, a diferencia de intentos anteriores a los que la institución se opuso, ahora “han pasado muchos años” y consideraba necesario apoyar la propuesta legislativa. Incluso llegó a felicitar públicamente al congresista Montoya por impulsar la norma.
No obstante, esta declaración contradijo el informe institucional remitido por la propia Defensoría a la Comisión de Constitución, en el que advertían que la amnistía no se ajusta a los estándares del Tribunal Constitucional ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que podría generar impunidad en casos graves.
“Una ley de amnistía no puede comprender delitos que expresen un manifiesto desprecio por la vida, la integridad y la dignidad de las personas”, subraya el documento oficial de la Defensoría.
Debate sobre la Ley 32419
La norma aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo busca cerrar procesos judiciales pendientes contra policías, militares y comités de autodefensa involucrados en el conflicto armado interno. Sin embargo, especialistas y organismos de derechos humanos han alertado que su aplicación podría contravenir compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.
Pese a las controversias, Carlos Fernández Millán continúa en su cargo como adjunto para los Derechos Humanos y la Población Afroperuana en la Defensoría del Pueblo.
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