La Defensoría del Pueblo interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley N.º 32330, norma que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para permitir que los menores de 16 y 17 años sean procesados en el sistema penal ordinario.
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Junto con la demanda, la Defensoría solicitó una medida cautelar urgente para suspender de inmediato la aplicación de la ley, argumentando que su implementación supone una vulneración irreparable de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en el país.
La ley vulneraría tratados internacionales y la Constitución
Según el organismo, la Ley N.º 32330 contraviene convenios internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos con carácter vinculante para el Estado peruano.
Además, la Defensoría invoca la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución del Perú, que establece la primacía de los tratados internacionales de derechos humanos sobre cualquier ley interna que los contradiga. En este sentido, la aplicación de esta norma representaría una colisión normativa que debe ser evaluada por el Tribunal Constitucional.
Retroceso en materia de justicia juvenil
La institución advierte que esta reforma legal constituye un retroceso en la protección de los derechos de la infancia y adolescencia, ya que va en contra de los estándares internacionales en materia de justicia juvenil diferenciada. Subraya que los adolescentes deben ser tratados con un enfoque restaurativo y especializado, no bajo el mismo régimen penal de los adultos.
Como parte de su acción legal, la Defensoría del Pueblo ha pedido una medida cautelar excepcional, destinada a evitar la aplicación inmediata de la Ley N.º 32330 mientras se evalúa su constitucionalidad. El organismo advierte que mantener vigente esta norma podría generar consecuencias irreversibles sobre los derechos fundamentales de adolescentes en proceso penal.
Finalmente, la Defensoría exhorta a las autoridades del Estado a actuar con apego a la Constitución y los tratados internacionales, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos humanos, en particular los de la niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad.
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