En efecto, este gesto que parece ser más hecho para las cámaras y el Tik Tok se semeja más de operación cosmética -como la de Dina Boluarte-, que a una estrategia de seguridad seria; es más, deja al descubierto la peligrosa superficialidad con la que se está tratando de abordar la corrupción estructural en el país, sobre todo en sectores tan delicados y problemáticos como los penales.
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Muchos ciudadanos -sobre todo los extorsionados-, hace tiempo que se han dado cuenta que el INPE no es un simple organismo fallido; es el reflejo de la miseria estatal que prolifera en el Congreso (85% de percepción de corrupción), el Poder Judicial, la Policía y las municipalidades.
Es una institución infectada por el “maléfico virus de la corrupción”, donde las cifras y las evidencias diarias (extorsiones, tráfico de drogas, privilegios, prostitución, etc.) confirman que los penales han dejado de ser centros de reclusión y reformación social para convertirse en exclusivas oficinas de la delincuencia organizada.
La realidad es que en los penales peruanos todo se vende; desde las visitas hasta la vista gorda de los custodios ante las llamadas extorsivas que salen de los pabellones. Los jefes de bandas gozan de comodidades y encubrimiento, usando la infraestructura estatal como base de operaciones.
La brillante idea del Ejecutivo ante esta crisis que mina la seguridad ciudadana ha sido simple: cambiar la placa de la puerta. “No se trata solo de ‘nombres’, sino de estrategias más pensadas, de estirpaciones radicales, de reestructuración total”, nos dice el sentido común.
Aparentemente, el Gobierno Jerí cree que la enfermedad es terminológica, no estructural. Al proponer SENIR, se intenta crear una cortina de humo mediática, sugiriendo que la disfunción se debe a una mala imagen o a un liderazgo puntual, eludible mediante el cambio de algunos directores y un nuevo acrónimo.
Es el equivalente a poner un ambientador en un basurero a punto de desbordarse, o, peor aún, a pedirle al zorro que ha devorado las gallinas que se ponga un disfraz y, por arte de la prestidigitación, se convierta en guardián.
Lo que realmente se necesita en los penales del Perú es es una racia profunda; una purga real del personal involucrado en el crimen organizado interno. Se requiere a gritos tecnología y aislamiento efectivo, así como bloqueo real de comunicaciones y un régimen de alta seguridad para líderes criminales.
Y eso no queda allí, también se requiere de inversión y dignidad; es decir, de una reestructuración que recupere la función rehabilitadora y elimine el hacinamiento que facilita el control de las bandas. Y mientras el Gobierno siga optando por el marketing político sobre la política pública rigurosa, el INPE, con cualquier nombre que lleve, continuará siendo un espejo de nuestra fallida estrategia carcelaria.
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