El pasado 15 de diciembre, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la aparición de los dos primeros casos de influenza H3N2, subclado K, en el Perú. Días después, la institución informó las medidas que pondría en marcha frente a esta situación, entre ellas la habilitación de ocho puntos de vacunación en Lima Metropolitana para facilitar el acceso a la dosis a la población prioritaria que aún no había sido inmunizada.
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Según el comunicado oficial, la vacunación estaría dirigida a niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 y mujeres gestantes. Sin embargo, esta decisión generó críticas entre especialistas, quienes advirtieron que se estaba excluyendo al personal de salud y a los adultos con comorbilidades, pese a que ambos grupos están contemplados en el esquema nacional de vacunación y presentan mayor riesgo frente a la influenza.
El médico Antonio Quispe alertó que dejar fuera a estas poblaciones puede tener consecuencias graves, ya que son quienes registran mayores tasas de hospitalización y mortalidad. Asimismo, remarcó que no proteger al personal sanitario pone en peligro la capacidad del sistema de salud para atender a la población en general.
De acuerdo con la Norma Técnica de Salud del Esquema Nacional de Vacunación, la vacuna contra la influenza en adultos está indicada para personas mayores de tres años, incluyendo a quienes padecen enfermedades crónicas como afecciones cardiovasculares, respiratorias, renales, diabetes, obesidad, cáncer o inmunodeficiencias controladas. Para Quispe, el comunicado del Minsa contradice esta norma al dejar fuera a sectores reconocidos como prioritarios, que podrían representar hasta el 40% de la población adulta del país.
Los especialistas también cuestionaron la respuesta tardía del Estado ante una situación que consideran previsible. Señalan que cada año se presenta la temporada de influenza y que la aparición de nuevos subclados obliga a actualizar las vacunas, por lo que no debería existir desabastecimiento ni retrasos en la compra. En ese sentido, criticaron que se anuncie la llegada de más dosis recién para abril del próximo año.
Por su parte, el exministro de Salud Víctor Zamora sostuvo que este escenario es consecuencia del debilitamiento progresivo del programa nacional de inmunizaciones, agravado por recortes presupuestales y la suspensión temporal de programas de vigilancia epidemiológica. También cuestionó que solo se hayan habilitado pocos centros de vacunación en Lima y Callao, sin información clara para las regiones del país.
Ambos expertos coincidieron en que la falta de vacunas públicas termina favoreciendo al mercado privado y profundiza la inequidad, ya que solo quienes pueden pagar acceden a la inmunización. Además, advirtieron que un aumento rápido de casos podría saturar un sistema hospitalario ya frágil, con escasa disponibilidad de camas UCI.
Finalmente, plantearon la necesidad de una respuesta inmediata: corregir el comunicado oficial, declarar alerta sanitaria, activar compras de emergencia, reforzar el programa de inmunizaciones y priorizar a los grupos más vulnerables y expuestos. A su juicio, el manejo del brote de H3N2 evidencia que el país no está preparado para enfrentar de manera adecuada una epidemia incluso cuando no se trata de una enfermedad altamente mortal.
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