La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el magistrado César San Martín, declaró infundado el recurso de casación interpuesto por la defensa del expresidente Martín Vizcarra Cornejo, quien buscaba anular el juicio oral que afronta por los casos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.
El máximo tribunal dispuso que el proceso continúe sin alteraciones en su etapa final, donde ya se han presentado los alegatos de la Fiscalía, la defensa y del propio exmandatario. La decisión representa un nuevo revés judicial para Vizcarra, quien enfrenta acusaciones por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.
La Corte Suprema confirma la continuidad del juicio
Durante la audiencia pública, el juez César San Martín dio lectura a la resolución en la que se rechaza de manera definitiva el recurso interpuesto por la defensa técnica del expresidente.
“Declararon infundado el recurso de casación. No casaron el auto superior, ordenaron se transcriba la presente sentencia al Tribunal Superior y al Juzgado Penal Colegiado inmediatamente para su debido cumplimiento. Dispusieron, como se está haciendo, leer esta sentencia en audiencia pública. Se notifique inmediatamente y se publique en la página web del Poder Judicial”, señaló el magistrado San Martín al concluir la sesión.
Con esta resolución, la Corte Suprema reafirma que no se vulneraron los derechos fundamentales del procesado, por lo que el juicio oral continuará conforme a ley.
Defensa alegó vulneración del debido proceso
La defensa legal de Martín Vizcarra argumentó que durante el desarrollo del juicio se habría vulnerado su derecho al debido proceso y a la defensa. Sin embargo, el máximo tribunal consideró que no existían fundamentos válidos para admitir el pedido y que la actuación del tribunal inferior se ajustó a los procedimientos establecidos por el Código Procesal Penal.
De este modo, el exmandatario deberá seguir enfrentando las acusaciones formuladas por el Ministerio Público ante el Juzgado Penal Colegiado Nacional, que determinará su responsabilidad en los presuntos sobornos recibidos por la adjudicación de obras públicas.
Las acusaciones fiscales contra Martín Vizcarra
El proceso judicial que enfrenta el exjefe de Estado se relaciona con presuntos actos de corrupción ocurridos cuando era gobernador regional de Moquegua.
Según la investigación fiscal, Vizcarra habría recibido un millón de soles de la empresa Obrainsa a cambio de la concesión del proyecto de irrigación Lomas de Ilo, así como S/1,3 millones de la compañía ICCGSA para que esta obtuviera la licitación del Hospital Regional de Moquegua.
Por estos hechos, el fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial Lava Jato, presentó una acusación formal contra Vizcarra por el delito de cohecho pasivo propio, solicitando 15 años de prisión.
Posteriormente, y en cumplimiento de una disposición de la Fiscalía Superior Penal, Juárez Atoche formuló además una acusación complementaria por colusión simple, en la cual solicita 10 años de prisión. Ambas acusaciones se tramitan dentro del mismo proceso penal.
Vizcarra continúa procesado pese a inhabilitación política
Pese a los procesos judiciales y a la inhabilitación impuesta por el Congreso que le impide ejercer cargos públicos, Martín Vizcarra mantiene presencia en el escenario político. En semanas recientes, su nombre fue incluido en la plancha presidencial del partido Perú Primero con miras a las elecciones generales de 2026.
No obstante, su situación legal continúa siendo incierta. La ratificación de la Corte Suprema implica que el juicio oral seguirá su curso hasta llegar a una sentencia final, lo que podría definir su futuro político y judicial.
Próximas etapas del proceso
Con el recurso de casación rechazado, el expediente será remitido nuevamente al Juzgado Penal Colegiado Nacional, que deberá continuar con las audiencias y la valoración de pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa.
Fuentes judiciales precisaron que el tribunal podría emitir su sentencia durante el primer semestre de 2026, dependiendo del avance del juicio y del número de testigos pendientes de declarar.
El fallo de la Corte Suprema también ordena que la resolución sea publicada en la página oficial del Poder Judicial, como parte del principio de transparencia que rige los procesos penales contra altos funcionarios.
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