La Contraloría General de la República ha destapado graves irregularidades en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) de Amazonas y San Martín, según una auditoría al Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Warmi Ñan.
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¿Qué reveló la auditoría sobre la violencia sexual en menores?
El Informe de Auditoría N.º 011-2025-2-3901-AC, que abarca el período de 2023 a 2024, identificó 35 casos de menores de edad, entre 5 y 16 años, víctimas de violencia sexual en los CEM de Chachapoyas, Condorcanqui (Amazonas), y Bellavista, Comisaría Juanjui, Lamas, Moyobamba y Tarapoto (San Martín). Estos casos no recibieron la atención oportuna, evidenciando fallas estructurales que comprometen la protección de las víctimas.
Fallas críticas en la atención integral
La auditoría destacó deficiencias críticas en la gestión de los casos. En 18 casos, no se elaboraron Planes de Atención Integral, esenciales para garantizar una respuesta coordinada. Además, en 16 casos no se diseñaron planes de seguridad, y en cinco casos no se evaluaron las redes familiares o sociales de las víctimas.
Asimismo, 19 casos no fueron derivados a terapia psicológica ni recibieron el Kit de Emergencia, un recurso clave para la atención inmediata. En tres casos, no se notificó a la UGEL, a pesar de que los presuntos agresores estaban vinculados a instituciones educativas. Más grave aún, en seis casos no se informó a entidades como juzgados, DEMUNA o UPE, incluso cuando existían indicios de desprotección familiar.
¿Por qué no se garantizó el acceso a la justicia?
En un caso, no se presentó una denuncia formal ante las autoridades legales, y en nueve casos no se solicitaron medidas de protección ni se gestionaron nuevas tras resoluciones denegatorias. Además, en 20 casos, los abogados de los CEM no se presentaron ante el Poder Judicial o el Ministerio Público, incumpliendo una función esencial para garantizar el acceso a la justicia.
¿Qué problemas se encontraron en el seguimiento de los casos?
La auditoría reveló una ausencia total de seguimiento en los casos analizados. En 33 casos, no se realizó seguimiento operativo, y en 35 casos, no hubo seguimiento administrativo. Ninguno de los 35 casos contó con evaluaciones trimestrales, lo que impidió identificar y corregir fallas en la atención. Estas omisiones dejaron a las víctimas sin los servicios de salud, jurídicos y sociales necesarios para su recuperación, afectando su desarrollo emocional y físico.
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