La Policía Nacional del Perú (PNP) gastó un total de S/ 742 712 para poner el servicio de internet a patrulleros inteligentes que se encontraban inoperativos o dados de baja. Así lo informó la Contraloría General de la República.
Asimismo, la Contraloría indicó que la Policía Nacional tenía conocimiento sobre el estado de los vehículos. A pesar de ello, la institución contrató la instalación de internet para 1 957 patrulleros inteligentes. Del total, 1 059 no utilizaron nunca el servicio por su condición de inoperatividad.
Perjuicio al Estado
La Contraloría precisó que la finalidad pública de la contratación era «mejorar el servicio de seguridad ciudadana». La instalación permitiría que los Centros de Datos de la PNP «cuenten con comunicación de datos en banda ancha hacia Internet, que permita el uso de las aplicaciones policiales, así como la interoperabilidad con otras entidades públicas».
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Por ello, en diciembre del 2020, la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones (DIRTIC) de la PNP suscribió un contrato estaba incluido el servicio de datos para interconectar a 1 957 patrulleros inteligentes. La operación se realizaría a través de la instalación de SIM CARD o chips (Internet 4G o 3G). Por ello, se pagó un total de S/ 25 546 445. De ese monto total, según la CGR, S/ 742 712 correspondieron al pago del servicio por las mencionados 1 059 unidades.
Además, la Contraloría informó que 510 SIM CARD se adquirieron de manera incensaría. En tanto, La Contraloría asegura que se registró que 217 SIM CARD reportan consumo de datos. Ello demuestra que estos fueron utilizados de forma indebida.
Asimismo, el informe evidenció que en 549 patrulleros inteligentes operativos, «o que luego dejaron de estarlo», se instaló el mismo número de SIM CARD que no registraron consumo de datos pese a contar con el servicio, «según se verificó en el informe sobre Tráfico de consumo de datos, elaborado por la DIRTIC». Pese a ello, se realizó el pago sin observación alguna.
Por el hecho irregular detectado, la Contraloría señaló que existe «la presunta responsabilidad penal y administrativa de 11 funcionarios y servidores de la PNP». Además, especificó que muchos de ellos serían policías en actividad y que, en algunos casos, «continúan en los cargos que desempeñaron y que estuvieron a cargo del requerimiento y supervisión del contrato cuando ocurrió el hecho detectado».
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