El entidad enfatiza que el modelo de control concurrente es uno de los ejes centrales de la estrategia de reforma y modernización del control gubernamental en el país.

Entre los años 2017 y 2020, gracias al control concurrente se ha evitado un potencial perjuicio económico para el Estado de 485 millones de soles. Así lo señala la Contraloría General de la República, quienes, además, indican que han contribuido a que las obras públicas no se paralicen y concluyan con menores costos de inversión.

Del análisis a 1.925 servicios de control concurrente a obras relacionadas con la Reconstrucción con Cambios, una de las mayores recomendaciones que se formuló es la exigencia del cobro de penalidades no ejecutadas, un factor recurrente en obras públicas.

La Contraloría ha señalado, además, que la incidencia por la corrupción e inconducta funcional en el año 2020 en inversiones públicas se redujo en 8,4% con respecto al 2019 en todos los niveles de Gobierno, particularmente en las obras del Gobierno nacional, con una caída de 19,4% en obras que tuvieron control concurrente.

Un informe sobre la implementación de este mecanismo de control indica que por cada sol que se invierte en el control concurrente, el Estado ahorra seis soles como mínimo, es decir, una tasa de rendimiento del 500% (según una investigación de Shack, Portugal & Quispe, 2021).

“La eficacia del control concurrente ha sido comprobada por la Contraloría, que invirtió 79.1 millones en la aplicación del control concurrente a 721 proyectos y actividades de la Reconstrucción con Cambios, de los cuales se emitieron 1.925 informes de control”, precisan.

Ley aprobada

Con respecto a la autógrafa de ley aprobada por el Congreso, que expande el control concurrente a nivel nacional, la Contraloría indicó que este mecanismo de control es uno de los ejes centrales de la estrategia de reforma y modernización del control gubernamental en el país, debido a que su enfoque preventivo en la lucha contra la corrupción e inconducta funcional.

“Presenta ventajas comparativas e incrementa la posibilidad de romper círculos de colusión y soborno a través del acompañamiento sistemático durante los hitos de mayor riesgo en el proceso de ejecución de una obra pública y es una herramienta que apoya a los funcionarios públicos”, refiere el informe.

Datos

En el año 2018, la entidad superior de control identificó 867 obras paralizadas, sobre todo en el gobierno nacional (57%), pero que -a junio de 2021- se han registrado 3.055 obras paralizadas valorizadas en S/29.9 mil millones, de las cuales el 86% están en gobiernos regionales y locales por S/24 mil millones.