El vocero legal de la Contraloría General de la República, Guzmán Vera, indicó que la presidenta Dina Boluarte fue sometida a un proceso de fiscalización en el cual «se verificó que no había un presunto desbalance».
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Dijo que, si bien la mandataria aumentó su patrimonio en los últimos años, “no se pudo encontrar inconsistencias patrimoniales” en sus declaraciones juradas.
Según comentó, el proceso de fiscalización tuvo dos etapas, que se inició con una recopilación de información con declaraciones juradas del 2022 y 2023, documentación que fue cotejada y se pudo confirmar que “bajo el alcance del análisis, no existiría un presunto desbalance patrimonial», aseveró.
Detalló que en un primer momento se habría detectado un presunto desbalance, pero el mismo “fue aclarado como consecuencia de que la fiscalizada reporta otras cuentas bancarias que no habían sido aclaradas debidamente en su declaración. Finalmente, luego del cotejo, se ha verificado que no habría un presunto desbalance», agregó.
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Vera mencionó que el proceso de fiscalización al que fue sometida la jefa del Estado implica evaluar toda la información entregada, así como permitir realizar descargos, situación que le sirvió a la presidenta para justificar su incremento patrimonial.
«Implica una evaluación integral de toda la información que nosotros como Contraloría podemos acceder. En ese análisis de información se le permite a la fiscalizada poder hacer sus descargos», aseveró.
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