El Congreso de la República aprobó y promulgó la Ley N° 32255, la cual restituye la detención preliminar en situaciones de no flagrancia. Esta norma modifica el artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal y tiene como objetivo reforzar las herramientas del sistema judicial para mejorar la investigación de delitos y evitar la impunidad.
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La ley establece que la detención preliminar solo podrá ser ordenada por un juez de investigación preparatoria a solicitud del fiscal. Para ello, se deben cumplir ciertos requisitos específicos, como la existencia de elementos razonables que indiquen que el investigado cometió un delito con una pena superior a cuatro años, así como la presencia de riesgo de fuga o interferencia en la investigación.
Asimismo, la norma contempla situaciones adicionales en las que se puede aplicar la detención preliminar. Estas incluyen casos en los que el detenido en flagrancia logró evadir su captura o cuando una persona se fugó de un centro de detención preliminar. Estas disposiciones buscan fortalecer la capacidad del sistema judicial para actuar frente a delitos de mayor gravedad.
La promulgación de la Ley N° 32255 se oficializó con la firma del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y la primera vicepresidenta, Carmen Patricia Juárez Gallegos.
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Cabe destacar que la aprobación de esta norma se realizó por insistencia en el Pleno del Congreso el pasado jueves. Esta decisión se tomó luego de que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos respaldara la propuesta, tras haber sido observada previamente por el Poder Ejecutivo.
El restablecimiento de la detención preliminar en estos casos es visto como una medida crucial para cerrar vacíos legales que podían permitir la evasión de la justicia. Con esta reforma, las autoridades judiciales contarán con un mecanismo más efectivo para evitar la fuga de investigados y garantizar el adecuado desarrollo de los procesos penales.
En conclusión, la Ley N° 32255 representa un avance significativo en la legislación penal peruana, fortaleciendo el rol del Ministerio Público y el Poder Judicial en la lucha contra la criminalidad. Su implementación contribuirá a mejorar la seguridad ciudadana y a garantizar que los responsables de delitos sean debidamente procesados y sancionados según la ley.
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