El pasado 31 de mayo, se presentó en el Congreso de la República un proyecto destinado a establecer las normativas electorales para la conformación del Congreso bicameral en 2026.
La propuesta plantea la posibilidad de que los candidatos a la Presidencia en las próximas elecciones puedan también postularse para ocupar un escaño en la cámara de diputados o senadores, así como que los vicepresidentes puedan optar por ser candidatos a diputados o senadores, e incluso al Parlamento Andino.
Significado de la iniciativa
Según el abogado especializado en derecho electoral, Jorge Jáuregui, esta medida podría permitir que candidatos bajo investigación por delitos de corrupción continúen participando en la vida política sin necesidad de ser condenados.
«Existen al menos varias personas que podrían aspirar a la Presidencia de la República y que actualmente están siendo investigadas por el Ministerio Público por diversas infracciones penales. Parece que se busca utilizar el Senado o la Cámara de Diputados como una especie de escudo en caso de una eventual derrota en las elecciones presidenciales, lo que podría llevar a una situación de protección e incluso impunidad», señaló Jáuregui.
Perspectiva política y análisis
El analista político Óscar Matutti destacó que, si bien es factible que los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia puedan postularse simultáneamente para otros cargos, esta medida podría beneficiar principalmente a aquellos que compitan en las elecciones de 2026.
«Esto les daría la oportunidad de tener múltiples opciones de representación y aumentar sus posibilidades de obtener un cargo público. Sin embargo, podría resultar en una concentración de opciones únicamente en los principales líderes políticos de un partido, además de generar confusión entre los electores en cuanto a las alternativas de votación disponibles», comentó Matutti.
El proyecto de reforma electoral planteado en el Congreso continuará siendo objeto de debate y análisis en las próximas semanas, en un contexto donde se busca fortalecer la participación democrática y garantizar la transparencia en el proceso electoral.
