La reciente propuesta del Congreso de implementar la pena de muerte en Perú ha generado un intenso debate en la opinión pública. El proyecto de ley, presentado por el congresista Wilson Soto, de Acción Popular, busca sancionar con pena capital o cadena perpetua a quienes cometan delitos graves como la extorsión, el sicariato y el secuestro. Esta iniciativa surge como respuesta a la creciente ola de violencia y crimen organizado que afecta al país, especialmente en sectores vulnerables como el transporte público.
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¿Qué propone el proyecto de ley sobre la pena de muerte en Perú?
El Proyecto Ley N° 9041, presentado por el congresista Soto, plantea la incorporación de un nuevo artículo en el Código Penal peruano. Esta propuesta contempla que delitos como la extorsión, el sicariato, el secuestro y el robo agravado sean clasificados como actos terroristas, lo que permitiría sancionarlos con la pena de muerte o cadena perpetua.
Para que esta normativa entre en vigor, el Perú tendría que retirarse del Pacto de San José, también conocido como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este tratado internacional, del cual el Perú es signatario, prohíbe la implementación de la pena de muerte, excepto en casos excepcionales, como los delitos de traición a la patria en tiempos de guerra.
¿Por qué se plantea la pena de muerte para extorsionadores y sicarios?
La propuesta de pena de muerte en Perú surge en un contexto de creciente criminalidad, donde las bandas criminales están extorsionando a empresas y cobrando vidas. Según el congresista Soto, esta medida extrema busca frenar la violencia y generar un efecto disuasivo en los delincuentes. En una entrevista reciente, Soto comentó: «Si vemos países como Irán o China, donde aplican la pena de muerte, los niveles de seguridad son más altos».
Este tipo de argumentos ha sido respaldado con estadísticas que muestran la cantidad de ejecuciones realizadas en otros países. Según datos citados por Soto de Amnistía Internacional, en el año 2022, países como Irán llevaron a cabo más de 500 ejecuciones, mientras que en Arabia Saudita se registraron casi 200. Estos ejemplos se usan para justificar la eficacia de la pena de muerte en la reducción del crimen.
¿Qué implicaciones tendría la pena de muerte en Perú?
La implementación de la pena de muerte en Perú tendría fuertes repercusiones tanto a nivel nacional como internacional. Para que esta medida sea aprobada, el país tendría que retirarse no solo del Pacto de San José, sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo que protege los derechos humanos en la región.
Este posible retiro ha sido objeto de controversia. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han advertido que esta medida no solo vulneraría acuerdos internacionales, sino que también podría deteriorar la imagen de Perú en el escenario global. Además, diversos expertos señalan que la pena de muerte no siempre es efectiva como medida de disuasión y que podría haber casos de errores judiciales irreversibles.
¿Cuál es la posición de la población y del Congreso sobre la pena de muerte?
En una entrevista con Canal N, el congresista Soto aseguró que la mayoría de los peruanos apoyaría la pena de muerte como medida para combatir el crimen. «Si hacemos una encuesta, estoy seguro de que muchos peruanos estarían de acuerdo con esta propuesta», afirmó el parlamentario. Sin embargo, no se ha realizado hasta ahora un estudio oficial que respalde estas afirmaciones.
En el Congreso, esta propuesta ha generado divisiones. Mientras que algunos congresistas de Acción Popular y otras bancadas apoyan la iniciativa, otras facciones argumentan que sería un retroceso en materia de derechos humanos y una violación de compromisos internacionales. A pesar de la polarización, la propuesta sigue su curso en el Legislativo, donde será debatida en las próximas semanas.
La iniciativa de implementar la pena de muerte en Perú para delitos graves como la extorsión y el sicariato ha despertado un intenso debate en el país. Mientras algunos consideran que esta medida extrema es necesaria para combatir el crimen, otros advierten sobre las implicaciones legales y éticas que conlleva. Lo cierto es que este tema seguirá siendo un punto central en la agenda política y en las discusiones sobre seguridad pública en los próximos meses.
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