Este miércoles, el pleno del Congreso peruano denegó la solicitud de la presidenta Dina Boluarte para viajar a Roma entre el 24 y 28 de abril, donde pretendía asistir al funeral del papa Francisco. La decisión, tomada tras un debate exprés y con escasa participación parlamentaria —solo tres legisladores intervinieron—, reflejó la división política: 45 votos en contra, 40 a favor y una abstención. La ausencia de la mayoría de congresistas, que se encuentran en semana de representación, marcó un ambiente tenso desde el inicio.
Tras guardar un minuto de silencio en señal de respeto, el primer turno lo tomó Diego Bazán (Renovación Popular), quien no ocultó su frustración. “Es indignante que, mientras el país enfrenta una crisis de seguridad y colapso penitenciario, estemos discutiendo un viaje que parece más un capricho que una necesidad de Estado”, afirmó el legislador. Bazán recalcó que la agenda nacional exige atención urgente en temas como el aumento de homicidios y la falta de protección a ciudadanos, en lugar de destinar recursos a “actividades protocolares sin impacto real”.
Por su parte, Susel Paredes (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) sumó su voz al rechazo, cuestionando la ética detrás del uso de fondos públicos.
“Es paradójico que la presidenta quiera asistir a un evento religioso pagado por todos los peruanos, mientras las calles registran seis muertes diarias y los colegios cierran por inseguridad”, señaló.
La congresista propuso que Boluarte adopte un enfoque más alineado con los valores del pontífice: “Si desea honrar al papa Francisco, que lo haga con austeridad: rece en su localidad, asista a misa sin gastos suntuosos y enfoque su energía en resolver los problemas que ahogan al país”.
El debate también resaltó la desconexión percibida entre el Ejecutivo y las necesidades ciudadanas. Mientras el gobierno insiste en fortalecer su imagen internacional, la oposición y parte de la ciudadanía exigen acciones concretas frente a la ola de violencia y la precariedad económica. Este episodio no solo evidencia las tensiones políticas, sino que reabre la discusión sobre cómo se asignan los recursos públicos en un contexto de emergencia social.
¿Fue una decisión técnica o un mensaje político? La polémica continúa, pero un hecho es claro: el Congreso priorizó —al menos esta vez— las demandas locales sobre la diplomacia protocolaria.
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